Adriana Ochoa
En el surrealismo potosino, la frontera entre la gratitud divina y la fe de erratas es tan difusa como la ética parlamentaria. El descaro de nuestros representantes encontró su momento de verdad -y de ridículo- en la figura de la diputada local priista Sara Rocha Medina, quien se subió como voluntaria entusiasta para descorrer el velo de un pacto de complicidad que ya es un secreto a voces.
Ella misma hizo subir en video su efusivo agradecimiento y bendiciones al gobernador Ricardo Gallardo Cardona por una camioneta supuestamente “ganada en rifa” en la posada oficial. En cuestión de tres horas, el “milagro navideño” concedido por la gracia del mandatario requirió con urgencia control de daños.
Con la sutileza de un elefante en una cristalería, un segundo posteo lanzó una patética retractación: que el premio y la rifa eran “broma adelantada” para el Día de los Inocentes. Reintentó convencer en rueda de prensa, flanqueada por dos solidarios colaboradores del partido: uno con la vista sin punto fijo, el otro miraba al suelo, al techo o a los lados…
En las redes, el respetable no aplaudió el chiste; se rio de la torpe coreografía del miedo. La retractación no se lee como humor, sino como el pánico de quien descubre que el “regalo” tiene el peso de un delito administrativo y el brillo de una lealtad comprada. Además, con un gobierno que recortó recursos a salud y educación solo con la guía de su cólera, el diluvio de críticas rebotó al “generoso” y bendecido gobernante.
Evidencia fotográfica hay de las camionetas “rifadas” ese día, dispuestas en el vestíbulo del lugar donde fue la posada. Una SUV y una pickup de marca japonesa para sortear entre los 27 legisladores. Moñazos verdes a la vista, para no dejar duda. Una indiscreción y cierto talento para incrustarse en donde no le convocan, llevó a la reunión al diputado federal Oscar Bautista Villegas.
El gobernador les hiló un mensaje sobre las supuestas ventajas comparativas de su partido a la hora de apoyar proyectos personales, algo en otras formaciones políticas es más complicado, cuando no imposible por cuestiones de disciplina corporativa. Zanahoria crujiente para los diputados de oposición, en especial Morena.
Llegada la rifa, el encajoso diputado federal Bautista se incluyó en el sorteo, metió la mano en el recipiente de los boletos y agarró premio: la Frontier. Sin rubor alguno, se echó un rollo zalamero y no soltó el premio. La SUV sería para la dirigente estatal del PRI. Bautista evitó el ruido, Sara Rocha decidió protagonizar un vodevil político que avivó la hoguera del cinismo social.
Al final, el humor social en San Luis Potosí ha dictaminado que lo único “fantasma” no es la camioneta, sino la transparencia de la clase política que intenta disfrazar de azar lo que el pueblo percibe como vulgar “maiceo” legislativo.
En cualquier otra geografía, una reforma electoral que obliga a los partidos a postular mujeres a la gubernatura sería aplaudida como avance en la paridad de género. En el feudo verde de San Luis Potosí no se trata de feminismo, sino de ingeniería política de baja estofa, facilitada por una clase legislativa cuya docilidad es tan predecible como su ambición. Un cierto tufo a entreguismo y burla social obliga a mirarla bajo el microscopio de la sospecha, no del progreso.
Y es esta atmósfera de opacidad y sumisión legislativa la que enmarca la votación de hoy en el Congreso del Estado: la reforma de paridad, tan necesaria en principio, parece tener un único y claro destinatario: la esposa del gobernador, la senadora Ruth González.
El gobernador Gallardo ya ha manifestado su interés dinástico de postular a su mujer para 2027. Ha chocado frontalmente con la intención de la presidenta Sheinbaum de no postular parientes de gobernadores, alcaldes ni otros cargos. Gallardo y su partido se le atravesaron a la presidenta y sometieron su iniciativa, aplazando el cumplimiento hasta 2030. El PVEM, Gallardo y un sector insurrecto de Morena se salieron con la suya, pero a la presidenta le queda su propio partido: el compromiso anti nepotista de Morena para el 2027.
La urgencia con que esta reforma local se lleva al pleno, mientras que la discusión de la gran reforma electoral federal apenas entregará sus conclusiones en enero próximo, no es coincidencia. Es cirugía con cuchillo cebollero para asegurar el camino a la senadora Ruth González.
La reciente reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con los legisladores de Morena, PT y PVEM, donde anunció que los términos de la alianza se darán a conocer en enero, añade un elemento de tensión. Sheinbaum necesita garantizar la aritmética parlamentaria para las reformas de la 4T. Si por este fin se echa para atrás en su cruzada anti-nepotismo y cede al proyecto de postular a la esposa de un gobernador “aliado” como candidata para sucederlo, el costo va a ser muy alto en credibilidad política, de acciones premium a bonos basura.
A diferencia del gobernador potosino, el PVEM nacional, bajo la tutela del senador Manuel Velasco, no polemiza, no suelta hilos. Trae sus propios intereses y es perfectamente capaz de dar la sorpresa de un cisne negro (o “cisne rubio”). Gallardo tiene una franquicia, pero no es el franquiciante.
Si hoy se realiza la sesión aprobatoria, el oficialismo calcula que el Congreso votará sí a la paridad como instrumento para cerrarle la puerta a competidores varones a la gubernatura. No por convicción, sino por servilismo. Votarán a favor para asegurar la cuota que pavimente la postulación de la esposa del Ejecutivo. Requiere 18 votos; sus cálculos incluyen al menos uno del siempre dividido PAN, perdidos como siempre en sus reyertas chiquitas, y otro similar de la bancada morenista para completar.
La reforma de SLP es un acto de soberanía local dudosa que busca adelantar una jugada en el tablero electoral. Si bien invoca un principio constitucional válido (la paridad), lo hace con una finalidad política específica que roza la autocracia dinástica. Es altamente probable que sea impugnada por algún partido opositor.
El Tribunal Electoral federal tendrá la última palabra, midiendo si la reforma cumple con la paridad sin violar la autonomía partidista y la uniformidad federal.
La directriz de enero por parte de la presidenta Sheinbaum sobre la alianza definirá el verdadero peso de esta norma local. Si hay acuerdo nacional de veto dinástico, la reforma potosina habrá sido un esfuerzo legal inútil ante la supremacía del pacto político federal.
De ser aprobada hoy, será menos una victoria para las mujeres y más un trofeo de impunidad para el continuismo. Con el precio de la camioneta “rifada” como fondo del voto en el Congreso y el destino político de San Luis Potosí.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
