Por Victoriano Martínez
Para quien duda de que Fabián Espinosa Díaz de León, recién nombrado como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, tenga algún antecedente como combatiente contra la corrupción resulta necesario recordar el caso del sobre lacrado, que acaparó la atención pública en 1997.
Espinosa Díaz de León exhibió el sobre lacrado que entregaría al Congreso del Estado. Aseguró que contenía pruebas de dos actos de corrupción del gobernador Horacio Sánchez Unzueta: (1) desviación de fondos en apoyo a un partido político y (2) la entrega de recursos a un miembro de la familia de su esposa.
Aquellas pruebas serían suficientes para tumbar al mismísimo gobernador, afirmó, y puso como condición para que se abriera el sobre que fuera el propio Sánchez Unzueta quien lo solicitara. El combate a la corrupción como espectáculo quedó montado.
“Lo primero que tenemos que señalar en esta historia es que a Fabián no lo movió un interés sano por combatir la corrupción, sino que su conducta respondió a una venganza personal en contra del Gobernador del Estado”, advirtió Eduardo Martínez Benavente el 24 de junio de ese año en su colaboración semanal en el noticiero de Canal 7, al relatar el caso.
El antecedente fue que Sánchez Unzueta publicó, el 15 de enero de ese año, un desplegado en el que exhibió la ambición de Espinosa Díaz de León por reclamar al mandatario que con él el PRI ganó la elección, pero perdió la administración por el número de navistas que ocuparon cargos públicos, y le advirtió que no le tocarían ni las migajas.
Espinosa Díaz de León sentía un agravio mayor porque Sánchez Unzueta en su desplegado reveló que le impidió que realizara un lucrativo negocio privado en el Parque Tangamanga (¿un antecedente de Distrito Santa Fe?), además de que se burló de su intento por ser alcalde de Cerro de San Pedro, de donde lo corrieron a pedradas.
Como reacción, Espinosa Díaz de León echó a andar un montaje que encuadra con lo que Umberto Eco llamó la máquina del fango. “La técnica del anuncio del secreto ya es una forma de amenaza y de chantaje”, explicó Eco en una entrevista hace diez años.
Mantener en secreto las pruebas le permitieron actitudes protagónicas como proclamarse amenazado y perseguido, además de que otros actores políticos quisieron montarse en el espectáculo. El entonces senador Francisco Xavier Salazar Sáenz amenazó con llevar el caso al Senado.
El 19 de junio de 1997, en atención a los medios de comunicación, Espinosa Díaz de León acudió al Congreso del Estado para entregar el ya famoso sobre lacrado. En la oficina del diputado Miguel Ángel Martínez Navarro, presidente de la Gran Comisión, con dos horas de retraso, finalmente se abrió el sobre.
Espinosa Díaz de León pretendía entregar el sobre con una solicitud de juicio político contra Sánchez Unzueta sin que se conocieran las pruebas que contenía. Por presión de los reporteros, Martínez Navarro lo abrió y leyó los documentos, mientras Espinosa Díaz de León, escurridizo, abandonó el lugar.
Las pruebas:
Un oficio de la secretaria privada del gobernador en el que le solicitó al oficial mayor, Juan Carlos Machinena, la entrega de una beca por mil dólares mensuales al Dr. Jorge Carrillo Calvillo, primo hermano de la esposa de Sánchez Unzueta para pagar sus estudios en España.
La copia de un oficio de Salazar Sáenz en el que solicitó al gobernador apoyo económico para trasladar a Puebla, en autobús, a un grupo de jóvenes panistas que asistirían a un Congreso Nacional, celebrado el 18 de agosto de 1995. Se anexó una factura por 7 mil pesos como pago total del viaje solicitado.
Conocidas las pruebas, Martínez Navarro calificó el caso como “una tormenta en un vaso de agua” en tanto que para el gobierno estatal bastó con un comunicado de la Secretaría de Finanzas para explicar la legalidad de los apoyos: la existencia de un fondo para apoyos como el entregado al PAN y otro para cuando menos 50 becados.
Así, lo que podría ser el único antecedente de lucha de Espinosa Díaz de León contra la corrupción resultó en realidad la manipulación de asuntos públicos para sus fines personales. Una actitud que tiene mayor congruencia con el antecedente de ser señalado, en 2003, como “aviador” de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Unos antecedentes que colocan a los integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) como responsables de haber otorgado un nombramiento a una persona que ha usado el tema para sus fines particulares y el riesgo de que convierta al SEA en un instrumento para replicar montajes estilo sobre lacrado y/o máquina del fango.
