Fernanda Durán
Con 27 votos a favor, y en presencia de familias cuidadoras, el Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma constitucional que adiciona el artículo 12 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, con la que se reconoce el derecho humano al cuidado y se establece la obligación del Estado de garantizarlo mediante la creación de un Sistema Estatal de Cuidados.
Durante la sesión se hizo un reconocimiento al trabajo de activistas y colectivas que han impulsado la agenda de cuidados en el estado, entre ellas Mariana Noriega, mencionada en tribuna como una de las referentes del movimiento de personas cuidadoras en San Luis Potosí.
Legisladoras y legisladores señalaron que la reforma constitucional es resultado de un proceso de organización y presión social sostenida por parte de mujeres cuidadoras, quienes desde la legislatura anterior impulsaron iniciativas para el reconocimiento legal del trabajo de cuidados.
Aunque varios de esos planteamientos permanecieron durante años en comisiones, la aprobación por unanimidad del artículo 12 Bis fue recibida como el cierre de ese ciclo, al incorporar en la Constitución una de sus principales demandas.
El dictamen reconoce los cuidados como un conjunto de actividades indispensables para sostener la vida cotidiana, el bienestar físico y emocional de las personas y la reproducción social, que incluyen desde el mantenimiento del hogar y el cuidado de integrantes de la familia, hasta la educación y el autocuidado.
La reforma establece que el derecho al cuidado comprende el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, y ordena la creación de un Sistema Estatal de Cuidados con enfoque de derechos humanos y perspectiva interseccional, con atención prioritaria a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.
Asimismo, se dispone que dicho sistema deberá contar con financiamiento público progresivo para garantizar su suficiencia presupuestaria.
En la discusión en tribuna, el diputado Marco Antonio Gama Basarte advirtió que el reconocimiento constitucional del derecho al cuidado implica una obligación inmediata para el Estado y no puede seguir postergándose.
Señaló que elevar este derecho a rango constitucional obliga a pasar del plano declarativo a la construcción de un sistema operativo, con políticas públicas reales y respaldo presupuestal.
En su intervención, el diputado Carlos Arreola Mallol señaló que la reforma representa un reconocimiento institucional a una realidad históricamente ignorada, al afirmar que el trabajo de cuidados ha sostenido la vida social y económica sin respaldo público ni normativo.
Indicó que el nuevo marco constitucional obliga a transitar hacia la corresponsabilidad entre autoridades, sociedad y familias, y a construir un sistema estatal con políticas públicas medibles, financiamiento progresivo y mecanismos de evaluación, para evitar que el derecho al cuidado dependa de la buena voluntad o quede solo en el discurso.
Por su parte, la diputada Jessica Gabriela López Torres destacó que el dictamen fija una ruta concreta para la implementación del sistema, al establecer un plazo de 180 días para desarrollar los instrumentos jurídicos, administrativos y operativos necesarios.
Subrayó que el reconocimiento constitucional no debe convertirse en una declaración simbólica, sino en una política pública exigible, con presupuesto y servicios efectivos.
Desde Morena, el diputado José Roberto García Castillo sostuvo que la adición del artículo 12 Bis responde a una realidad cotidiana que enfrentan miles de familias y se alinea con la política nacional de bienestar, al colocar el cuidado como un eje central para la igualdad sustantiva y la cohesión social.
Con esta aprobación unánime, San Luis Potosí incorpora por primera vez en su Constitución el derecho al cuidado como un derecho humano y una obligación pública, abriendo un periodo clave para que el Congreso y el Ejecutivo traduzcan el nuevo mandato constitucional en leyes secundarias, estructuras institucionales y recursos presupuestales que hagan operante el Sistema Estatal de Cuidados.
