Fernanda Durán
En medio del debate nacional abierto por la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí —que establece que en 2027 solo mujeres podrán contender por la gubernatura—, el diputado Héctor Serrano Cortés reconoció que el nuevo marco legal inevitablemente será impugnado y sometido a revisión constitucional, en una ruta que consideró normal dentro del sistema jurídico y político del país.
Tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien cuestionó si la imposición obligatoria de género para la gubernatura se ajusta a la Constitución, así como la posibilidad abierta de que el PAN realice una impugnación, Serrano sostuvo que desde el inicio del debate legislativo se asumió que el tema llegaría a instancias jurisdiccionales.
“Casi para mí era un hecho de que es un tema que se va a impugnar”, afirmó, al señalar que cualquier actor que considere vulnerado un derecho suele recurrir a los tribunales para buscar una resolución.
El legislador consideró previsible que las impugnaciones no se presenten de manera directa o personal, sino a través de partidos políticos u otros actores colectivos, debido al contexto político y discursivo que rodea el tema de la paridad.
“Va a ser difícil que lo hagan de manera frontal y salgan a decir: yo estoy pretendiendo una acción constitucional, porque estoy siendo afectado en mis derechos”, explicó, aunque insistió en que las impugnaciones sí ocurrirán.
Serrano también retomó el planteamiento hecho por Sheinbaum, al subrayar que su señalamiento no es político sino de legalidad.
“Lo que dice la presidenta está más que claro. Tiene que ver con un orden de legalidad y lo dice de manera precisa”.
En ese sentido, recordó que los partidos políticos cuentan con procesos y reglas internas propias, las cuales incluso han sido objeto de impugnaciones cuando militantes consideran que vulneran derechos constitucionales.
El diputado destacó que, conforme a la legislación vigente, corresponde a cada partido definir cómo organiza la postulación de candidaturas en materia de género, aunque reconoció que ese margen de decisión también puede ser revisado por los tribunales.
“Cada partido determina lo que tiene que determinar en base a cómo presentan su propuesta en género”.
En su argumentación, Serrano colocó la reforma paritaria dentro de una secuencia más amplia de cambios al sistema político-electoral, al recordar que otras reformas de alcance nacional —como la prohibición del nepotismo y la no reelección consecutiva— ya están aprobadas, pero no serán exigibles sino hasta 2030.
“Todas esas leyes entran hasta el 30”, dijo, para sostener que el Congreso local legisló conforme al marco vigente, así como a las reglas actualmente aplicables, y no con base en disposiciones que aún no producen efectos jurídicos.
Afirmó que la intención del dictamen aprobado es fortalecer la equidad sustantiva en el contexto local, particularmente ante la ausencia histórica de mujeres en la titularidad del Poder Ejecutivo estatal.
“Lo que estamos haciendo es observar que con cabalidad nos corresponde en este momento hacer una propuesta por las condiciones políticas en las que nos encontramos para fortalecer la presencia de equidad sustantiva”.
Finalmente, Serrano coincidió con la presidenta en que el tema deberá resolverse en el ámbito constitucional, además de que no sería un caso aislado, pues múltiples decisiones del Congreso han sido impugnadas en el pasado.
“Esta, por sus características, sin duda va a llegar a una revisión de esa naturaleza”, concluyó, al anticipar que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que defina la validez final de la reforma.
