Fernanda Durán
Julia Montserrat Díaz Márquez, representante de la colectiva Ley Sabina en San Luis Potosí, llamó al Congreso del Estado a abrir al público el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, al considerar que su operación bajo un esquema reservado limita su utilidad para combatir el abandono paterno y la violencia económica contra niñas, niños y madres.
Señaló que el tema ha permanecido sin resolverse durante al menos dos legislaturas, pese a que el padrón ya existe formalmente.
“Llevamos ya dos legislaturas con el tema del buró de deudores alimentarios, que obviamente saben que es privado, y privado no sirve”.
Explicó que, en su forma actual, el padrón solo puede ser consultado bajo autorización judicial y por personas que acrediten interés jurídico dentro de un expediente.
Díaz Márquez reconoció que recientemente la senadora Ruth González Silva se pronunció a favor de transparentar el registro, pero pidió que el planteamiento se traduzca en mesas de trabajo con colectivas y activistas.
“Mi única petición aquí es pedirle de la manera más respetuosa a la senadora, junto a la bancada del Verde, que abran la mesa a diálogos y que podamos de una vez sacar el buró de deudores alimentarios público”.
De acuerdo con la activista, no sería necesario destinar nuevos recursos públicos para hacerlo accesible, ya que el padrón ya es operado por el Poder Judicial.
“Actualmente, el [Poder] Judicial lo tiene y ya no se necesitaría meter algún tipo de presupuesto, pero lo tiene privado si alguien no le da la orden al Poder Judicial, pues obviamente Poder Judicial por temas de privacidad, según ellos, aunque la Suprema [Corte de Justicia de la Nación] ya dijo que no pasa nada. Ellos por temas de privacidad, pues no lo hacen público (…) están esperando la autorización del Congreso del Estado”.
Como ejemplo citó los casos de Ciudad de México y Oaxaca, donde los registros son abiertos y consultables en línea.
“Tú puedes ingresar ahí, sale toda la lista de los deudores y puedes buscar por nombre no trae ningún dato sensible más que el nombre y su CURP”, señaló, al subrayar que el padrón aplica tanto para hombres como para mujeres.
Díaz Márquez sostuvo que la publicidad del padrón tendría efectos directos en la agilización de procesos judiciales y en la prevención del abandono paterno.
“Nos apoyarían muchísimo a visibilizar el abandono paterno (…) se escudan en la tardía de los trámites y en el Poder Judicial para dilatar los procesos”, afirmó.
Añadió que cuando los deudores son señalados públicamente, “automáticamente se empiezan a pagar y dejan de incurrir en esto”.
Sobre las cifras en San Luis Potosí, indicó que el número de personas inscritas en el padrón no corresponde con la dimensión del problema.
“Yo lo consulté hace dos meses y estaba en 181 personas inscritas en este buró privado, pues no me dan las cuentas”, dijo, al contrastarlo con la cantidad de carpetas por violencia familiar y guarda y custodia.
Afirmó que en la entidad “hay más de 2 millones de madres que pelean un tema familiar”, lo que evidenciaría un subregistro.
La activista advirtió que la falta de publicidad también genera violencia institucional, al no advertir a nuevas parejas sobre antecedentes de incumplimiento.
“Muchas veces crean otra familia y tienen más hijos y no se les da la advertencia de que es un deudor”.
Finalmente, hizo un llamado abierto al Congreso del Estado y a las fuerzas políticas para avanzar sin sesgos partidistas.
“Aquí no hay colores partidistas, lo que queremos es que se vele y se priorice el tema de las infancias y también de las madres”, expresó, al convocar a colectivas y activistas a sumarse a mesas de trabajo para impulsar el padrón público.
El pronunciamiento ocurre en un contexto en el que el padrón estatal ha estado en discusión desde 2021, fue aprobado en noviembre de 2022 y comenzó a operar en febrero de 2023, bajo un esquema de acceso limitado.
En semanas recientes, la senadora Ruth González Silva se pronunció públicamente a favor de transparentarlo, al considerar que su apertura fortalecería la rendición de cuentas y el cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
