Fernanda Durán
Tras la aprobación de la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en San Luis Potosí, la titular del colectivo Cuidadoras Potosinas, Mariana Noriega, afirmó que el nuevo marco legal responde a una realidad sostenida durante años por personas cuidadoras que enfrentan precariedad económica, sobrecarga física y afectaciones graves a su salud mental, muchas veces sin redes de apoyo ni respaldo institucional.
Al término de la sesión, Noriega describió la votación como el cierre de un proceso largo de organización y resistencia social.
“Estamos muy contentas, muy orgullosas de mi equipo de trabajo (…) llevar todo esto implica administración, cuestiones legales y lo que más nos afecta es la falta de tiempo”, señaló, al subrayar que el reconocimiento constitucional va más allá de los apoyos económicos y busca romper con una lógica asistencialista.
“No solo es que se nos den ayudas, sino que se nos incorpore y reconozca como personas cuidadoras en situación de vulnerabilidad, prioritariamente a las cuidadoras”.
La activista explicó que el fenómeno del cuidado no se limita a las mujeres, aunque ellas representan la mayoría; actualmente, el colectivo agrupa a 820 mujeres cuidadoras y 25 hombres cuidadores, mientras que en la región Huasteca se concentran al menos 280 casos.
“Siempre se dijo personas cuidadoras, porque hay hombres que viven exactamente la misma realidad: sin trabajo, sin dinero, sobrecargados y sin redes de apoyo”.
Noriega advirtió que la urgencia del sistema estatal de cuidados se refleja en cifras críticas documentadas por el propio colectivo. Desde 2021, año en que se presentó la primera iniciativa legislativa, han registrado 28 defunciones de personas cuidadoras, 52 intentos de suicidio y al menos tres casos extremos en los que madres intentaron quitar la vida a sus hijas o hijos y suicidarse posteriormente.
“Son situaciones límite derivadas de la desesperación, la falta de recursos, la enfermedad y el abandono institucional”, explicó.
La entrevistada señaló que la violencia institucional ha sido una constante, particularmente en hospitales y juzgados, donde personas cuidadoras enfrentan obstáculos, discriminación y procesos prolongados.
Detalló que los conflictos laborales por despidos injustificados, litigios de pensiones alimenticias y casos de violencia vicaria se agravan por la ausencia de una perspectiva de cuidados en las instituciones públicas.
Sobre la implementación del sistema, Noriega recordó que la reforma establece un plazo legal de 180 días para desarrollar los instrumentos normativos y administrativos, aunque estiman que la consolidación plena podría tomar hasta dos años; mientras tanto, el colectivo mantendrá una vigilancia permanente del proceso.
“Vamos a integrar un consejo consultivo y vigilante para que esto no se quede en la ley”, indicó, además de que ya existe coordinación con legisladores de distintas fuerzas políticas que presiden las comisiones involucradas como Marco Gama Basarte, Dolores Robles Chairez y Carlos Arreola Mallol.
En materia presupuestal, señaló que el sistema estatal deberá contar con recursos acordes a su alcance, como referencia se tiene que a nivel municipal se aprobó un presupuesto de tres millones de pesos para el municipio de San Luis Potosí, por lo que a nivel estatal el monto debería ser “mínimo el triple”, dada la dimensión territorial y poblacional.
Noriega añadió que el sistema de cuidados también abre la puerta a cambios estructurales en materia laboral como ajustes razonables para evitar despidos, regulación de condiciones de trabajo y reconocimiento de derechos que hoy se pierden por asumir una responsabilidad de cuidado.
“No podemos seguir perdiendo el derecho al trabajo, a la seguridad social y a una vida digna”, sostuvo.
Finalmente, subrayó que el impacto de la reforma no se limita a quienes integran el colectivo, sino a cualquier persona cuidadora en el estado “que acredite tener la responsabilidad de cuidado de una persona vulnerable”, pues el objetivo es recuperar la vida personal y la salud de quienes cuidan sin dejar de hacerlo, pero en condiciones dignas y con respaldo del Estado.
