Fernanda Durán
Tras la aprobación acelerada de la reforma electoral por parte del Congreso del Estado que incluye la obligatoriedad de postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), Paloma Blanco López, defendió la iniciativa presentada por el organismo y que su actuación se limitó estrictamente al ámbito técnico y a las facultades que la ley le otorga, deslindándose del ritmo y la forma en que el Poder Legislativo procesó el dictamen.
Blanco López rechazó que el Ceepac esté decepcionado o arrepentido por la manera en que el Congreso aprobó la reforma, al señalar que el organismo electoral “no es un actor político” y que su función se concentró en la elaboración y presentación de una iniciativa sustentada en análisis técnicos y jurídicos.
Explicó que el documento no fue improvisado, sino resultado de más de un año de trabajo de la Comisión Temporal para el Análisis de la Ley Electoral, iniciado al concluir el proceso electoral anterior y desarrollado con la participación de partidos políticos.
“Lo que realizamos fue presentar una iniciativa en el marco de las facultades que la ley nos otorga”, sostuvo, al enfatizar que el Ceepac cumplió con entregar el proyecto a la autoridad competente y que los pasos posteriores —discusión, análisis, aprobación o eventual revisión jurisdiccional— corresponden exclusivamente al Congreso y, en su caso, a los tribunales.
Respecto a las críticas por la falta de debate legislativo, la presidenta del Ceepac insistió en que el organismo no interviene en los procesos internos del Poder Legislativo, y tanto el análisis parlamentario como el control constitucional son atribuciones ajenas al órgano electoral.
Sobre el contexto nacional y los cuestionamientos planteados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en torno a la constitucionalidad de la medida, Blanco López sostuvo que el Ceepac actuó con certeza sobre los tiempos legales y los tramos institucionales que deben cumplirse antes del inicio del proceso electoral.
“Como órgano técnico sabemos cuándo identificar el momento para presentar una propuesta”, dijo, precisando que la revisión de fondo sobre su validez corresponderá a otras instancias.
La presidenta del Ceepac también defendió la facultad del organismo para presentar iniciativas, al recordar que una reforma reciente amplió esta atribución no solo a los organismos electorales, sino a otros órganos constitucionales autónomos. Una vez concluidos los trabajos de la Comisión Temporal de Inclusión, existía la vía legal para remitir directamente la propuesta al Congreso.
En cuanto al contenido de la iniciativa, Blanco López subrayó que la paridad de género es solo uno de varios ejes del documento, el cual calificó como “robusto” desde el punto de vista técnico.
Entre los cambios más relevantes destacó la propuesta de adelantar el inicio del proceso electoral al 15 de noviembre del año previo, para homologar tiempos con el Instituto Nacional Electoral (INE) y facilitar la coordinación en elecciones concurrentes; ajustes para fortalecer los órganos desconcentrados, mejorar el registro de candidaturas y reforzar los mecanismos de fiscalización de partidos políticos locales.
Sobre la discusión en torno a la paridad y las críticas desde sectores feministas que cuestionan posibles beneficios políticos indirectos, la presidenta del Ceepac afirmó que el organismo colocó un análisis técnico-legal que ahora forma parte del debate público, por lo que considera positivo que el tema esté en la agenda, pues obliga a que órganos legislativos, jurisdiccionales y la sociedad discutan los alcances, límites y efectos de las acciones afirmativas.
En relación con los riesgos de simulación en materia de paridad, como los casos de autoadscripción de género ocurridos en procesos anteriores, Blanco López recordó que en San Luis Potosí este tema ya fue regulado mediante lineamientos electorales, construidos a partir de consultas previas con los grupos involucrados.
Anunció que para 2026 el Ceepac tiene previsto realizar nuevas consultas y mesas de trabajo con colectivos de diversidad sexual, pueblos indígenas, personas migrantes y otros grupos, con el objetivo de perfeccionar esos lineamientos y evitar prácticas fraudulentas.
Finalmente, adelantó que uno de los retos rumbo al próximo proceso electoral será fortalecer los procedimientos sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, un tema que dijo también fue identificado como prioritario a partir de la experiencia del proceso electoral pasado y que forma parte de las observaciones incluidas en la propuesta de reforma.
