Fernanda Durán
La última sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario (CDU) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, celebrada este 17 de diciembre, volvió a dejar sin resolución el expediente por violencia de género presentado por la docente Iraís Valenciano Calvillo, pese a que en la mesa se reiteraron expresiones de apoyo, se expusieron argumentos jurídicos para destrabar el caso y se reconoció que el procedimiento acumula ya 537 días sin una determinación final.
Antes del desahogo formal del punto correspondiente a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria (CIJU), la propia Iraís, en su calidad de consejera maestra, tomó la palabra para dar lectura a un oficio dirigido al Consejo, en el que cuestionó la decisión adoptada en noviembre de no turnar su expediente a la Abogacía General.
En su intervención, explicó que aquella determinación se sustentó en la idea de que sería necesaria una reforma al Estatuto Orgánico, argumento que no corresponde con lo que ella solicitó ni con lo que establece la normativa universitaria vigente.
Ante el pleno, la docente citó disposiciones específicas del Estatuto Orgánico para sostener que la Abogacía General sí cuenta con facultades para iniciar y dar seguimiento a investigaciones administrativas laborales, así como para dictaminar la procedencia de sanciones, mientras que corresponde al propio Consejo Directivo conocer esos dictámenes y, en su caso, aprobar las sanciones.
Bajo esa lógica, reiteró que su petición consistía en que la Abogacía General emitiera un dictamen técnico que pudiera ser analizado y votado por el CDU, no en desplazar al órgano colegiado de sus atribuciones.
En su exposición, Iraís también puso el foco en la ruta que el Consejo decidió seguir en su lugar: esperar el informe de una comisión o grupo de trabajo acordado en septiembre. Señaló que, hasta finales de noviembre, ni el propio Consejo ni la Secretaría General habían podido explicar con certeza cómo se integró esa comisión, cuáles fueron sus procedimientos ni qué avances reales existían.
A ello sumó que la persona que encabezaría esos trabajos dejó de formar parte de la comunidad universitaria, es decir el ex director de la Facultad de Derecho, Germán Pedroza Gaitán, lo que considera que incrementa su incertidumbre sobre la imparcialidad con la que se ha revisado su caso.
“Ya son 537 días en los que lejos de contar con una resolución pronta, completa e imparcial, he sido sometida a procesos omisos, erráticos y tardíos”, expresó, al recordar que la Defensoría de los Derechos Universitarios confirmó desde noviembre del año pasado que fue víctima de violencia de género y que, pese a ello, el procedimiento sigue abierto.
Añadió que la dilación ha dado pie a comentarios y cuestionamientos públicos que se alimentan de la falta de una resolución institucional clara.
Tras su intervención, el Consejo pasó al punto 18 del orden del día, relativo a la Comisión Institucional de Justicia Universitaria. Sin embargo, el secretario general informó que la secretaria de la CIJU notificó su inasistencia por motivos de salud, lo que impidió la exposición de los dictámenes correspondientes a los expedientes CIJU-EI-017-2024 y CIJU-EI-020-2024.
Ante esa ausencia, la presidencia del Consejo determinó posponer nuevamente el análisis de los casos, con la posibilidad de retomarlo en una sesión posterior, ya en el mes de enero.
El aplazamiento detonó una nueva ronda de intervenciones entre consejeras y consejeros, en la que varias voces se sumaron de manera explícita a la petición de Iraís de que su expediente sea turnado a la Abogacía General, al considerar que el proceso se ha extendido de forma excesiva y que el caso ha sido abordado en distintas sesiones sin que se llegue a una conclusión.
En ese contexto, algunas intervenciones de consejeros y consejeras maestras, así como la directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Adriana Ochoa, calificaron el tratamiento del expediente como revictimizante, además de que la falta de definiciones ha profundizado el desgaste personal e institucional.
En contraste, el secretario general Federico Garza insistió en que el expediente debe cerrarse primero dentro de la propia Comisión Institucional de Justicia Universitaria, al tratarse de un procedimiento ya instaurado, y que el Consejo sólo puede pronunciarse una vez que conozca formalmente la resolución de la CIJU.
Desde la presidencia del CDU, el rector Alejandro Zermeño Guerra defendió esa ruta, al señalar que la Comisión cuenta con un estudio del caso y que, junto con las aportaciones de un grupo de trabajo formado en septiembre, deberá presentar sus conclusiones al pleno antes de que se adopte cualquier decisión adicional.
Durante la discusión, un consejero alumno cuestionó que, si se optaba por dar mayor celeridad a este expediente mediante su eventual turno a la Abogacía General, entonces ese mismo criterio debería aplicarse a todos los casos de denuncia que se encuentran pendientes en la universidad, al señalar que muchos procedimientos “se tardan” y se alargan de manera similar.
Dicho planteamiento generó una reacción inmediata de varias consejeras alumnas, quienes rechazaron esa comparación y advirtieron que ese enfoque resultaba revictimizante, al minimizar el desgaste acumulado del caso y el hecho de que el expediente de la docente ha sido abordado en múltiples sesiones sin que se alcance una resolución.
Desde esa postura, subrayaron que la prolongación del proceso no puede normalizarse ni utilizarse como argumento para justificar la inacción, y que el Consejo tiene la responsabilidad de ofrecer una salida clara cuando un procedimiento se ha vuelto reiteradamente ineficaz.
El intercambio evidenció, una vez más, la tensión entre dos caminos que el Consejo no ha logrado conciliar: por un lado, la urgencia de dar certeza y cierre a un expediente que lleva más de un año y medio abierto; por otro, la insistencia en agotar un procedimiento interno que, entre renuncias, ausencias y falta de claridad sobre la integración de comisiones, no ha logrado traducirse en una resolución concreta.
