Fernanda Durán
Este jueves venció el plazo legal para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovieran una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el denominado “uso indebido” de la inteligencia artificial, una modificación aprobada en noviembre por el Congreso del Estado y que ha generado señalamientos por su posible impacto en la libertad de expresión.
Previo al cierre del plazo constitucional, periodistas y personas defensoras de derechos humanos entregaron oficios de respaldo a ambas comisiones para solicitar que ejercieran esta facultad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), conforme a los tiempos previstos en la Constitución, cuyo límite concluyó este 18 de diciembre.
El respaldo fue emitido por el Grupo Ciudadano de Trabajo, integrado por la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí, el Colectivo Derechos Urbanos, el medio La Alcantarilla, la Asociación Voz y Dignidad por los Nuestros, la Colectiva DignidadEs Todas las Justicias, la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y la Asociación Civil Educación y Ciudadanía, quienes se sumaron a la solicitud presentada previamente por Luis González Lozano, representante de la Asociación Civil Cambio de Ruta.
De acuerdo con el grupo, la reforma impulsada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Héctor Serrano Cortés, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 14 de noviembre, incorpora conceptos ambiguos, indeterminados y de difícil aplicación técnica y jurídica, lo que podría dar lugar a interpretaciones arbitrarias por parte de las autoridades y derivar en la criminalización de actividades legítimas.
Entre los riesgos señalados se encuentran posibles afectaciones al ejercicio del periodismo, la edición de contenidos, la creación artística, la crítica política y el uso creativo o informativo de herramientas de inteligencia artificial, al no establecer con claridad los alcances y límites de las conductas sancionadas.
Las organizaciones recordaron que instancias especializadas en derechos digitales, como Artículo 19, han advertido que la falta de precisión en los nuevos tipos penales podría contravenir el principio constitucional de taxatividad previsto en el artículo 14 de la Constitución, así como estándares internacionales en materia de derechos humanos, al ampliar de forma discrecional el poder punitivo del Estado y generar un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión.
El Grupo Ciudadano de Trabajo detalló que los oficios de respaldo fueron entregados tanto a la CEDH como a la CNDH, en apoyo a la solicitud presentada por Cambio de Ruta el pasado 4 de diciembre, con el objetivo de que ambas comisiones elaboraran y presentaran la acción de inconstitucionalidad antes del vencimiento del plazo legal.
Finalmente, las organizaciones consideraron urgente que los organismos de derechos humanos respondieran de manera favorable a la solicitud, al advertir que la reforma contiene vicios de inconstitucionalidad y que su permanencia en el marco jurídico local podría poner en riesgo derechos fundamentales de la ciudadanía potosina, además de debilitar el Estado de Derecho en el contexto del uso creciente de tecnologías digitales.
No obstante, las organizaciones señalan que la comunicación con la CNDH es casi nula, por lo que hasta el momento desconocen si efectivamente fue promovida la acción de inconstitucionalidad.
