Fernanda Durán
A pesar de las solicitudes formales y del respaldo de organizaciones civiles, hasta el momento no existe información que confirme la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Código Penal de San Luis Potosí que sanciona el denominado “uso indebido” de la inteligencia artificial, informó Luis González Lozano, representante de la organización Cambio de Ruta.
Señaló que tanto la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dejaron transcurrir el plazo legal sin actuar. Ante la falta de acción de ambas comisiones, las organizaciones que promovieron la solicitud analizan emprender nuevas vías legales para exigir una explicación formal.
“Pudiéramos recurrir a una instancia judicial solicitando una explicación de cuáles fueron los motivos por los que no se impugnó, y que seguramente lo vamos a hacer”.
El representante de Cambio de Ruta subrayó que su organización presentó una petición por escrito dentro del plazo constitucional, sin haber recibido respuesta alguna.
“En razón de ello, por la falta de respuesta, nosotros podemos accionar el que nos diga la justificación del por qué”.
No obstante, consideró que cualquier respuesta posterior resulta insuficiente frente a la omisión consumada. “Lo trascendente y lo preocupante es que no lo hayan hecho, porque pues que nos contesten lo que vayan a contestar no sirve para reparar el tema de que dejaron pasar el plazo cuando se les informó oportunamente, y no hicieron nada para detener esta situación que, a la luz de nosotros y de muchas personas, es inconstitucional”.
González Lozano explicó que, al haberse cerrado la vía de la acción de inconstitucionalidad, que debía promoverse dentro de los 30 días posteriores a la publicación de la reforma, ahora sólo queda una alternativa jurídica mucho más limitada.
“Se requiere de un caso real y concreto, un caso específico, donde una persona fuera imputada por este delito, y entonces, en vía de amparo, si fuera condenada por él mismo, él pudiera alegar en lo personal”, detalló.
Añadió que este escenario dista de lo que buscaban las organizaciones. “Nosotros lo que estábamos buscando es que, de forma colectiva, mediante una acción de inconstitucionalidad, la Corte revisara la figura penal, y entonces ahora habrá que esperar que haya una situación así para que se revise. No es lo ideal”.
Sobre posibles consecuencias para las comisiones de derechos humanos por no haber ejercido esta facultad, González Lozano consideró que las sanciones serían, en el mejor de los casos, limitadas.
“Pudiera haber un tema de responsabilidad administrativa, a lo mejor contraloría interna, sancionar a alguien, pero pues hasta ahí. En realidad, es más una condena de carácter moral por la inacción”.
Finalmente, expresó escepticismo sobre cualquier repercusión real: “La falta de actuación por parte de la presidenta nacional o de la presidenta estatal es difícil que derive en algo. Yo nunca lo he visto que ocurra, y creo que ahora menos, cuando tenemos unas comisiones que están más cercanas al poder que al pueblo. Siendo realistas, no va a pasar nada”.
