Fernanda Durán
El 8 de diciembre fue recibida en el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana denominada “Ley Yùlì”, promovida por la ciudadana potosina Julieta Terán, con el objetivo de fortalecer la protección de derechos laborales básicos ante prácticas patronales abusivas que persisten en distintos centros de trabajo de la entidad.
La propuesta legislativa surge a partir de la documentación de múltiples experiencias laborales en sectores como el comercio, importadoras, tiendas de tecnología, restaurantes y cadenas comerciales, donde se identifican condiciones de trabajo sin contratos formales, ausencia de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social, prácticas de maltrato y discriminación, así como barreras de idioma que comprometen la seguridad y la dignidad de las personas trabajadoras.
Uno de los elementos centrales de la iniciativa es la identificación de riesgos laborales derivados de la falta de comunicación clara entre empleadores extranjeros y personal local, situación que, de acuerdo con la promovente, ha normalizado entornos laborales inseguros, desinformación operativa y vulneración sistemática de derechos, particularmente en espacios donde el idioma español no es utilizado de manera obligatoria.
La llamada “Ley Yùlì” fue estructurada en siete iniciativas específicas que buscan atender distintos frentes de esta problemática. Entre los ejes principales se encuentra la obligación de que toda comunicación laboral y técnica se realice en idioma español, así como la exigencia de que las personas trabajadoras sean afiliadas al IMSS desde el primer día de labores, sin excepciones ni esquemas de simulación.
Dentro del paquete de medidas planteadas también se incluye la provisión de manuales, etiquetas, programas informáticos y materiales de capacitación en español, así como la correcta señalización de riesgos laborales en el mismo idioma, con el fin de reducir accidentes, errores operativos y situaciones de vulnerabilidad derivadas de instrucciones incomprensibles para el personal.
La iniciativa contempla además el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión mediante inspecciones laborales, así como la imposición de sanciones en caso de incumplimiento por parte de los empleadores, particularmente aquellos de origen extranjero que operan en el estado sin ajustarse plenamente a la legislación laboral mexicana.
Aclaró que la propuesta no busca obstaculizar la inversión extranjera ni la actividad económica, sino asegurar que esta se desarrolle bajo el marco legal vigente, con respeto a los derechos humanos, a la seguridad en el trabajo y a condiciones mínimas de dignidad laboral para quienes integran la fuerza de trabajo local.
Finalmente, la promovente hizo un llamado a legisladores, colectivos, activistas, ciudadanía y medios de comunicación para respaldar y visibilizar esta iniciativa, al considerar que las prácticas que pretende erradicar responden a una problemática estructural que ha sido tolerada durante años y que requiere atención legislativa para garantizar condiciones laborales justas y seguras en San Luis Potosí.
