Fernanda Durán
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley del Centro de Justicia para Mujeres de San Luis Potosí para establecer que la instalación de representaciones municipales deberá priorizarse en los municipios con mayores índices de violencia contra las mujeres, con base en estadísticas oficiales en materia de violencia de género.
La modificación consiste en la adición de un último párrafo al artículo 3º de la ley, a propuesta de la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, con el objetivo de que la expansión territorial de estos centros responda a criterios objetivos y no a criterios discrecionales.
De acuerdo con lo aprobado, los datos estadísticos serán el principal insumo para definir en qué municipios se instalarán nuevas representaciones del Centro de Justicia para Mujeres, con la finalidad de concentrar los recursos públicos y la atención institucional en las zonas donde se registra una mayor incidencia de violencia de género.
Los Centros de Justicia para Mujeres operan en San Luis Potosí desde 2012 y forman parte de una política nacional de prevención del delito con perspectiva de género. Su modelo contempla la atención integral a mujeres víctimas de violencia mediante la coordinación de distintas instancias, como procuración de justicia, atención psicológica, trabajo social y asesoría jurídica, en un mismo espacio.
La reforma establece que este modelo deberá alinearse con los criterios previstos en la legislación general en la materia, lo que obliga a los estados a observar lineamientos nacionales para la instalación y operación de estos centros.
Con esta modificación, la ley local incorpora de manera expresa la obligación de utilizar indicadores oficiales de violencia contra las mujeres como parámetro para la toma de decisiones, con el fin de orientar la política pública hacia las regiones con mayor necesidad de atención.
