Estela Ambriz Delgado
A pesar de las suspensiones definitivas obtenidas por comunidades indígenas para frenar el recorte presupuestario del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispam), la Secretaría del Bienestar cierra el año incurriendo en desacato, al retener más de 56 millones de pesos en las cuentas de las 13 comunidades tének y náhuatl que mantiene congeladas.
Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM), señaló que mientras la cúpula de dicha dependencia y del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) —encabezada por Ariadna Montiel Reyes, Adelfo Regino Montes, Guillermo Morales y Mario Alberto Godoy Ramos— celebra el fin de año con sus ostentosos aguinaldos, dejan en el desamparo a 34 mil 991 personas indígenas.
En un acto que calificó de autoritario e ilegal, la secretaría mantiene congeladas las cuentas del Banco del Bienestar, reteniendo ilegalmente 56 millones 228 mil 910 pesos del Faispam. Con lo que en los hechos criminaliza la defensa de los derechos y la exigencia de justicia, con una respuesta institucional de represión administrativa y asedio.
El activista apuntó que a pesar de que los Juzgados 5° y 7° de Ciudad Valles otorgaron suspensiones definitivas para proteger el presupuesto de las comunidades frente al recorte arbitrario, Bienestar ha optado por el desacato.
Además denunció, no sólo litigan contra comunidades que tienen la razón legal, sino que han desatado una campaña de odio y desinformación a través de la Radiodifusora XEANT “La Voz de las Huastecas”, y el hostigamiento directo de los Servidores de la Nación.
Detalló que estos últimos, actúan como brazos de presión en municipios como Tanlajás, Tancanhuitz, San Antonio y Aquismón, condicionan la entrega de recursos al desistimiento de los amparos, “intentando doblegar por hambre la dignidad de los pueblos”.
Asimismo, Cisneros Sánchez subrayó que Ariadna Montiel Reyes ha ignorado sistemáticamente las multas y requerimientos judiciales, lo que, más allá de una omisión por negligencia, es una violación flagrante a los derechos humanos y colectivos.
“Se paraliza el desarrollo básico de la infraestructura indígena, mientras se utiliza el aparato del Estado para señalar como “criminales” a quienes buscan amparo en la ley”.
El activista indicó que, el pasado 18 de diciembre se verificó la audiencia constitucional en los juicios de amparo de las comunidades quejosas, dando por concluida la etapa de pruebas y alegatos, y solo queda dictar la sentencia que en derecho corresponde. Por ello las representaciones indígenas exigen a la Jueza que emita sin dilación alguna la sentencia que procede.
Consideró que para resolver este conflicto, se requiere que el Poder Judicial de la Federación ordene la ejecución forzosa de las suspensiones, vinculando directamente a la Tesorería de la Federación para la liberación de los recursos sin pasar por el filtro de la Secretaría de Bienestar.
Así como aplicar lo establecido en la Ley de Amparo, que contempla la destitución y consignación de las autoridades responsables ante la repetición del acto reclamado y el incumplimiento de las multas impuestas por la Jueza del Séptimo de Distrito.
Cese el hostigamiento de los Servidores de la Nación hacia las autoridades comunitarias y las campañas de difamación en la XEANT; se instale una mesa de seguimiento con organismos internacionales de derechos humanos, para garantizar que el recurso llegue íntegro a las comunidades, sin represalias políticas posteriores.
Finalmente, que la Jueza dicte sentencia definitiva considerando el principio de progresividad, asegurando que los presupuestos indígenas son irreductibles y que cualquier intento de recorte sin consulta previa es inconstitucional.
