Desiree Madrid
La publicación del decreto administrativo que reforma el decreto de creación de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, difundido en el Periódico Oficial del Estado el 31 de diciembre de 2025, formaliza una serie de ajustes normativos que venían desarrollándose desde meses atrás dentro de la institución.
El documento no anuncia un viraje inmediato, sino que establece un nuevo marco legal que respalda cambios académicos y administrativos ya implementados de manera gradual, en un proceso que ha pasado prácticamente sin discusión pública.
El eje central de la reforma se encuentra en la ampliación explícita del alcance educativo de la Universidad Politécnica. A partir del nuevo decreto, la institución queda legalmente facultada para impartir educación media superior, superior y de posgrado, incluyendo programas de Técnico Superior Universitario, licenciaturas, especialidades, maestrías y doctorados, además de esquemas de certificación y educación continua.
Este ajuste normativo no es menor, pues redefine el perfil de la universidad y valida una transformación de su oferta académica que ya había comenzado con la eliminación gradual de programas tradicionales y la adopción de un modelo cuatrimestral.
La modificación del decreto se vincula directamente con la obligación de armonizar la normatividad universitaria con la Ley General de Educación Superior, que establece criterios de planeación, evaluación permanente y diversificación de modalidades educativas.
En ese contexto, la reforma incorpora de manera expresa a la Universidad Politécnica al Sistema Nacional de Educación Superior y al subsistema de educación tecnológica, alineando su operación a directrices federales que priorizan la flexibilidad curricular y la vinculación con el mercado laboral.
Otro aspecto relevante del decreto es la redefinición de la estructura de gobierno interno: la Junta Directiva se mantiene como el órgano máximo de decisión, pero el texto precisa su integración y refuerza su papel en la aprobación de cambios estructurales. Al mismo tiempo, se amplían las atribuciones de la Rectoría para proponer modificaciones a la estructura académica y administrativa, lo que concentra un mayor margen de decisión en la dirección de la institución, siempre bajo la validación formal de la Junta.
La reforma también contempla la abrogación del Reglamento Interior vigente desde 2010 y ordena la emisión de uno nuevo en un plazo máximo de treinta días. Este punto resulta clave, ya que el nuevo reglamento deberá traducir el cambio de modelo educativo y la ampliación de niveles académicos en normas internas concretas, particularmente en lo relativo a organización del personal, condiciones laborales y procesos administrativos.
Pese a la relevancia de los cambios, el decreto no detalla los impactos específicos que la ampliación del alcance educativo tendrá en términos de infraestructura, planta docente o capacidad presupuestal. Tampoco establece mecanismos claros de evaluación sobre la viabilidad de impartir educación media superior y posgrado dentro de una institución que históricamente se había concentrado en educación superior tecnológica.
Con la entrada en vigor de la reforma, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí queda sujeta a un nuevo marco jurídico que redefine su papel dentro del sistema educativo estatal.
El desafío pendiente será determinar si esta ampliación de facultades se traduce en una mejora real de la calidad académica y el acceso educativo, o si se limita a una adecuación legal que legitima, a posteriori, decisiones adoptadas sin una discusión amplia al interior de la comunidad universitaria.
