Adriana Ochoa
La nueva Ley General de Aguas trae más carga de responsabilidades para el sistema de abasto de agua para San Luis Potosí y podría convertirse en el acta de defunción para la forma en que la capital del estado ha gestionado su sed durante décadas.
Mientras el organismo operador siga pagando a sobreprecios por una infraestructura externa que falla, no tiene recurso financiero para arreglar sus propias tuberías. El acueducto El Realito es hoy un monumento al absurdo: una tubería que se rompe un mes sí y al otro también, pero que cobra puntualmente. Es el equivalente a pagar la hipoteca de una casa en la que no se puede vivir.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha anunciado una y otra vez que le rescindirán el contrato a Aquos, concesionaria del acueducto. Acabó capitulando ante los bancos. El diseño de la concesión no permite al gobierno estatal que deje de pagar. El proyecto costó unos $152.7 millones de dólares.
El financiamiento fue un esquema de tres bandas. El gobierno federal aportó el 38.2% a fondo perdido. El resto se dividió entre créditos bancarios y capital privado. Aquí nació la imposibilidad de hacer algo más que quejarse por el pésimo servicio: para que los bancos prestaran, exigieron un contrato blindado que garantizara su retorno económico.
Para entender las dimensiones de esta hipoteca hay que diseccionar la tarifa de Aquos como se contrató. Se divide en tres partes: T1, T2 y T3. La T1 es el cargo fijo por inversión. Es, en esencia, la mensualidad para cubrir la deuda con los bancos y recuperar el capital invertido por la empresa. La T1 es “incondicional”. Se paga porque se paga, no importa si el acueducto entrega mil litros por segundo o ni uno solo. El Gobierno de San Luis Potosí debe pagar esa “renta de la tubería” sí o sí. Es un compromiso con el sistema financiero, no con el bienestar social.
Las tarifas T2 y T3 son variables y cubren la operación. Estas sí deberían bajar si no hay bombeo. Pero la T1, el bloque más pesado, es una transferencia directa de recursos públicos a manos privadas que no se detiene ni ante la emergencia hídrica más severa.
El Gobierno del Estado no puede simplemente dejar de pagar como presión. Los pagos no dependen de la voluntad de un funcionario, por más pose mediática que haga. El dinero se toma automáticamente de las participaciones federales del estado. El sistema, mediante un fideicomiso, está diseñado para que los bancos cobren antes que cualquier otra necesidad.
Si el Estado intentara un impago como medida de presión, caría en un “default”. Vendría de inmediato la degradación de la calificación crediticia, porque el estado entraría a la categoría de alto riesgo para los bancos. Si el estado lograra conseguir nuevos préstamos, los quirografarios para operar, las tasas de interés serían drásticamente más altas para compensar el riesgo.
El gobernador se dio cuenta tarde que de que no tiene palancas de presión. El gobierno estatal está obligado a liquidar inmediatamente toda la deuda pendiente, incluidos intereses y las ganancias proyectadas de la empresa, por los próximos años de concesión. Por eso la empresa Aquos opera con la tranquilidad de quien tiene el sartén por el mango. El castigo por no enviar agua, en cambio, está topado por multas simbólicas.
El historial de El Realito es una crónica de la negligencia técnica. Suma ya más de 60 fallas en su ducto de 132 kilómetros. En 2023, la situación alcanzó un punto crítico con las filtraciones en la cortina de la presa. Esto provocó una interrupción del bombeo que duró meses enteros.
Mientras tanto, el organismo operador Interapas vive su propio calvario. Sin ser el firmante original del convenio, es quien pone la cara ante el ciudadano. Interapas debe pagar por un agua carísima que a menudo no recibe, descapitalizándose y perdiendo capacidad de maniobra para arreglar la red local.
Es aquí donde la planeación potosina muestra su peor cara. Durante décadas se apostó todo a la extracción como fuente abasto y se ignoró la construcción de presas en la periferia de la mancha metropolitana. Invertir en captación local habría sido más barato, seguro y soberano.
Incluso hoy, con el fracaso de El Realito a la vista, se sigue coqueteando con extraer agua de Villa de Hidalgo, una necedad política que ignora los cambios con la nueva Ley General de Aguas.
La reforma, vigente a partir de este año, 2026 eleva a delito penal la extracción que ponga en riesgo el abastecimiento local de la cuenca de origen. El traslado de agua (trasvase) prioriza a las comunidades locales. No va a ser fácil “convencer” a los villahidalguenses de ceder su agua para la capital.
La nueva Ley General de Aguas tipifica como omisión grave el desperdicio por falta de mantenimiento. Esto coloca a Interapas en un riesgo legal: si no invierte, viola la ley. Para modernizar la red de distribución de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí y cumplir con los estándares de la Ley General de Aguas de 2026, el organismo enfrentaría un reto financiero de proporciones históricas.
Bajo la nueva normativa, ya no se tolera una eficiencia física inferior al 80% (actualmente Interapas pierde cerca del 45% del agua en fugas). La red de Interapas abarca aproximadamente 3,800 kilómetros de tuberías; el 40% de esta infraestructura ha superado su vida útil (más de 30 a 50 años), compuesta mayoritariamente por asbesto-cemento y hierro galvanizado que se fracturan ante cualquier cambio de presión. El costo de esta transformación se mide en tecnología de sectorización y micromedición inteligente.
La ley tipifica como delito diversas conductas que antes eran solo faltas administrativas. Se establecen penas de hasta 14 años de prisión por extraer agua de forma ilegal o sin los medidores adecuados. También castiga los cambios en el flujo de una cuenca o un acuífero sin la debida autorización y estudios de impacto ambiental, lo que protege a los municipios de obras de trasvase arbitrarias.
El gobierno Verde, con su bancada oficialista, lejos de aportar soluciones a lo que viene, arremete una y otra vez con disolver el Interapas y poner la administración y operación del servicio en manos de la incompetente CEA, todavía no se sabe para qué. Politiquería petardera antes que bien común.
A San Luis Potosí le restan años de pagos obligatorios por una obra que es, funcionalmente, una ruina. Es el costo de haber permitido que el agua se convirtiera en un producto financiero.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
