Fernanda Durán
El Tribunal Electoral del Estado desechó este lunes 12 de enero la primera impugnación presentada contra la reforma electoral que obliga a los partidos políticos a postular exclusivamente mujeres para la gubernatura en el proceso de 2027, al considerar que el juicio no podía producir efectos jurídicos útiles.
En sesión pública, el Pleno resolvió el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el expediente JDC/122/2025, promovido por Luis Fernando Leal Beltrán quien cuestionó el proyecto de reforma impulsado originalmente por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
El análisis del Tribunal partió de que la reforma ya fue aprobada por el Congreso del Estado el pasado 14 de diciembre de 2025, como parte de un dictamen que modificó tanto la Constitución local como la Ley Electoral en materia de paridad de género, alternancia en las candidaturas y lenguaje incluyente, además de establecer en un artículo transitorio la exclusividad de candidaturas femeninas para la gubernatura en 2027.
Aunque al momento de la resolución la reforma aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado —y por tanto no ha entrado formalmente en vigor—, el Tribunal consideró que el acto legislativo ya se consumó, lo que vuelve inalcanzables las pretensiones del promovente dentro de la vía del juicio ciudadano.
De acuerdo con el criterio aprobado, aun si los agravios planteados resultaran fundados, una eventual revocación o modificación del acto impugnado no tendría efectos prácticos, ya que el órgano jurisdiccional local no cuenta con facultades para invalidar leyes aprobadas por el Congreso. Esa atribución corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una acción de inconstitucionalidad.
El Tribunal subrayó que los juicios ciudadanos tienen como finalidad restituir derechos concretos en situaciones jurídicas particulares, siempre que exista la posibilidad real de emitir una resolución definitiva con efectos jurídicos. En este caso, concluyó que esa condición no se cumple debido a que la reforma electoral ya forma parte del proceso legislativo concluido por el constituyente local.
Con base en ese razonamiento, el Pleno determinó desechar de plano la demanda por inviabilidad de los efectos pretendidos, al estimar que el medio de impugnación no era la vía adecuada para cuestionar una reforma constitucional y legal de esta naturaleza. La resolución fue aprobada por unanimidad de votos de las magistraturas.
La discusión de fondo sobre su constitucionalidad, en su caso, deberá trasladarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una vez que la reforma sea publicada y entren en vigor los plazos legales para la presentación de acciones de inconstitucionalidad.
En paralelo a la resolución del Tribunal Electoral, el Partido Acción Nacional confirmó este lunes que prepara una acción de inconstitucionalidad contra la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí, conocida por sus críticos como la Ley Esposa.
La senadora Verónica Rodríguez informó que el recurso será presentado una vez que la reforma sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, momento a partir del cual comenzarán a correr los plazos legales para acudir ante la SCJN.
La dirigente estatal del PAN explicó que el partido mantiene comunicación permanente con su dirigencia nacional para dar seguimiento al tema y actuar dentro de los tiempos establecidos por la ley. De acuerdo con su postura, la reforma vulnera derechos fundamentales al limitar, por razón de género, el derecho constitucional de votar y ser votado, además de alterar el principio de equidad en las contiendas electorales.
Rodríguez sostuvo que, aunque Acción Nacional reconoce la capacidad de mujeres y hombres para ejercer cargos públicos, las reglas electorales deben garantizar un piso parejo y preservar la libertad de la ciudadanía para elegir entre distintas opciones políticas, sin restricciones que excluyan de manera absoluta a un sector de la población.
La senadora añadió que la impugnación que prepara su partido no solo busca defender los derechos de quienes aspiran a competir por cargos de elección popular, sino también el derecho de las y los ciudadanos a decidir libremente quién debe gobernar su estado.
