Iraís Valenciano
Es del conocimiento público que el Congreso de San Luis Potosí se ha “posicionado” como uno de los poderes que más polémicas desata, ya sea por los espectáculos que algunos “representantes del pueblo” han ofrecido, por la sumisión hacia otros órganos de gobierno, por los acuerdos, las traiciones y, por supuesto, por la lentitud, las fallas y las omisiones en la creación de leyes.
Difícil olvidar, por ejemplo, aquellos escándalos protagonizados en tribuna hace 10 años por Sergio Desfassiux Cabello, Óscar Bautista Villegas y José Luis Romero Calzada durante la LXI Legislatura, en la que no faltaron las reformas “copy-paste”, las propuestas “antimemes” y hasta una iniciativa de Enrique Flores Flores para que los diputados votaran sentados.
Hoy los legisladores ya se abstienen de bailar “chúntaro” en la sede legislativa y de aplicar frases como la del ahora secretario del Trabajo, Crisógono Sánchez Lara, quien en sus tiempos como diputado firmó un compromiso para eliminar la tenencia vehicular, pero ya en tribuna expresó: “Es de hombres recular y yo reculo”.
No hay ya “shows de medio tiempo”, pero igual de escandaloso es el sometimiento de una buena parte de los congresistas a la voluntad del Ejecutivo Estatal, al que acostumbran aprobar en “fast track” cuanta iniciativa presenta.
Para aquellas propuestas que no son enviadas por el gobernador, los tiempos de análisis son muy distintos. En lo que va de la LXIV Legislatura se han recibido 426 iniciativas, de las cuales 195 permanecen pendientes, lo que equivale a casi un 46 % sin dictaminar.
Y en cuanto a las asistencias: en poco más de un año, los 27 diputados han acumulado 146 ausencias justificadas, 31 retardos y 8 inasistencias a sesiones ordinarias, extraordinarias o solemnes. La priista Sara Rocha encabeza la lista de las más faltistas, igual que su compañera de bancada, Frinné Azuara, quien además acumula 15 ausencias justificadas.
A todo ello se suma otro indicador: las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cada vez que detecta una reforma o decreto contrario a las garantías individuales.
Entre 2015 y 2025, la CNDH ha presentado 30 acciones de inconstitucionalidad contra decisiones tomadas por el Congreso de San Luis Potosí, de las cuales 10 se tramitaron entre 2022 y 2025, es decir, durante las dos legislaturas más recientes, y que han coincidido con la administración gallardista.
De los 30 procesos, solo tres han sido sobreseídos y uno se desestimó, mientras que otros dos se catalogaron como procedentes, pero infundados.
Un total de 20 acciones de inconstitucionalidad han sido resueltas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación como procedentes y fundadas, ya sea de manera parcial o total, lo que ha derivado en la invalidez de diversos artículos que ya habían recibido el “visto bueno” de los legisladores potosinos.
Que la SCJN dé la razón a la CNDH en dos de cada tres acciones de inconstitucionalidad y enmiende la plana a los diputados no es poca cosa, más cuando los legisladores cuentan con el respaldo de asesores y hasta contratan servicios adicionales.
Tan solo en 2025, el Congreso del Estado pagó un total de 634 mil 439 pesos a cuatro personas que brindaron “apoyo en revisión y análisis” a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Seguridad Pública, así como a la Comisión del Trabajo y Previsión Social.
Los beneficiarios de esos recursos fueron: Juan Antonio Aguiñaga Hernández, Martín Cabrera Perea, Víctor Flores Nieves y una conocida de la diputada Sara Rocha: Vianey Romero Durán.
Las reformas al Código Penal del Estado son las que más acciones de inconstitucionalidad suelen provocar, y justo tres de los cinco procesos pendientes por resolver, tienen que ver con modificaciones realizadas por la actual legislatura a diversos artículos de esa normativa:
1.La reforma al artículo 150 del Código Penal aprobada a finales de 2024, que prevé las excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto y que, a juicio de la CNDH, resulta regresiva y desproporcional, pues se sancionaría a las mujeres y personas gestantes que interrumpan su embarazo cuando su vida corra riesgo de muerte. La resolución de la Corte está pendiente, pero ya en diciembre de 2025, el Congreso local aprobó una nueva modificación, para solventar el yerro cometido un año antes.
2.La reforma al artículo 190 Bis del Código Penal del Estado, que sanciona las llamadas “terapias de conversión” y que fue aprobada en noviembre pasado. En este caso, la CNDH cuestiona la posibilidad de sustituir la pena de prisión por una amonestación cuando las conductas son cometidas por padres, madres o tutores, además de algunos conceptos ambiguos y no delimitados con claridad.
3.Reforma a los artículos 187 Ter, 272 Bis y 272 Ter del Código Penal del Estado para sancionar el “uso indebido” de la inteligencia artificial. Al respecto, la CNDH advierte sobre conceptos ambiguos, falta de precisión jurídica y riesgos a la libertad de expresión.
Falta ver qué resuelve la Suprema Corte respecto a esas tres acciones de inconstitucionalidad, que pudieran convertirse en grandes “manchones” para la actual Legislatura.
Por lo pronto, se avecina otro fallo adverso, aunque heredado: hoy martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará cuenta en su sesión pública del proyecto que presentará la ministra Loretta Ortiz Ahlf, en el que se prevé dictaminar como procedente y parcialmente fundada la acción de inconstitucionalidad que la CNDH presentó contra la Ley de Comunicación Social para el Estado y los Municipios de San Luis Potosí, aprobada por el Congreso local en mayo de 2021.
En particular, se prevé que el Tribunal declare inválidos los artículos referentes al gasto en comunicación social, por considerar que el Congreso reguló cuestiones que solo le competen al Congreso de la Unión, es decir: estableció reglas para la asignación del gasto en comunicación social, sin tener facultades para legislar al respecto.
Mucho presupuesto y hartos escándalos, pero en lo que de verdad es su trabajo, legislar, los diputados potosinos aún tienen mucho que mejorar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
