Desiree Madrid
La transición del Hospital Regional de Alta Especialidad “Dr. Ignacio Morones Prieto” al sistema IMSS-Bienestar ha derivado en un escenario de incertidumbre laboral, marcado por compromisos incumplidos y una creciente desconfianza hacia las autoridades y la dirigencia sindical.
A pesar de minutas firmadas y acuerdos formales alcanzados desde diciembre, trabajadores del nosocomio denuncian que prestaciones como los bonos de fin de año, la segunda parte del aguinaldo y el bono de Reyes no han sido cubiertos en su totalidad, afectando directamente la economía de cientos de familias.
El conflicto se agudizó tras la difusión de una minuta de trabajo fechada el 30 de diciembre de 2025, en la que se estableció el compromiso de realizar dichos pagos a más tardar el 6 de enero de 2026.
El documento fue firmado por la secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Empleados del Hospital Central (STEHC), Evelia Hernández Cano; el director administrativo de los Servicios de Salud, Gerardo Rodríguez Lárraga; así como representantes de la Subsecretaría de Gobernación. Sin embargo, el plazo venció sin que los recursos se reflejaran en las cuentas del personal.
De acuerdo con testimonios recabados por Astrolabio Diario Digital, además de los acuerdos se realizó la entrega de tarjetas bancarias —mediante las cuales supuestamente se dispersarían los recursos correspondientes a las medidas de fin de año— medida que fue parcial y, en muchos casos, no resolvió el problema pues las tarjetas se mantienen sin fondos.
Los trabajadores señalaron además que el personal que se encuentra bajo incapacidad por accidente o enfermedad laboral fue excluido del proceso, pese a formar parte del padrón laboral vigente, lo que ha generado inconformidad y cuestionamientos sobre los criterios aplicados.
El descontento se ha profundizado ante la postura asumida por la dirigencia sindical. Tras el incumplimiento del 6 de enero, la secretaria general del STEHC argumentó en comunicados internos que el patrón tiene hasta el 15 de enero para efectuar los pagos, una versión que contradice el acuerdo previamente firmado.
Más allá del impacto económico, los trabajadores advierten que la problemática laboral se inscribe en un deterioro más amplio del hospital tras su incorporación al IMSS-Bienestar. Denuncian la desaparición de algunas especialidades, la escasez de medicamentos —incluidos insumos oncológicos— y una pérdida progresiva del carácter de tercer nivel que distinguía al Hospital Central. En este contexto, vinculan la falta de atención a sus derechos laborales con el deterioro en la calidad del servicio que se ofrece a la población.
Otro de los puntos críticos señalados es la opacidad en el manejo del fideicomiso de los trabajadores. Integrantes del comité encargado de su supervisión aseguran no haber recibido información clara sobre el estado de los recursos, lo que ha incrementado las sospechas de irregularidades dentro de la estructura sindical.
Trabajadores con mayor antigüedad recuerdan que, en administraciones sindicales anteriores, las movilizaciones —incluido el cierre de vialidades estratégicas— eran el último recurso para exigir el cumplimiento de acuerdos. Hoy, aseguran, prevalece el temor a represalias y la falta de respaldo sindical para ejercer el derecho a la protesta, lo que ha generado una sensación de desprotección y silencio impuesto.
En tanto, la Dirección General del Hospital y la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar, encabezada por el doctor Daniel Acosta Díaz de León, han mantenido una postura discreta, limitándose a señalar que se realizan gestiones ante la Federación para la liberación de recursos. El argumento de la falta de presupuesto federal resulta insuficiente para cerca de 800 trabajadores sindicalizados que ya cumplieron con sus jornadas laborales y enfrentan el inicio de año sin el pago completo de sus prestaciones.
El personal del Hospital Central advierte que, de no cumplirse el nuevo plazo del 15 de enero señalado por la dirigencia sindical, la inconformidad podría escalar más allá de los canales internos. La exigencia es concreta: respeto a la minuta firmada el 30 de diciembre, transparencia en la dispersión de los pagos pendientes y una rendición de cuentas clara sobre el fideicomiso que pertenece a los trabajadores.
