Fernanda Durán
El Congreso del Estado analiza una propuesta para que los gastos en colegiaturas de educación superior puedan ser deducidos en la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), una posibilidad que actualmente no existe para quienes pagan universidades privadas.
La iniciativa fue presentada por la diputada panista Mireya Vancini Villanueva y, de avanzar, sería enviada al Congreso de la Unión para su discusión a nivel federal.
La propuesta plantea modificar el artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para permitir que las personas físicas puedan deducir el 100 por ciento de los pagos por colegiaturas, incluyendo por primera vez los gastos correspondientes a educación superior, además de los niveles básico y medio superior.
Con esta modificación quienes pagan universidades privadas podrían reducir el monto de impuestos que pagan cada año, siempre que cumplan con ciertos requisitos. La deducción aplicaría tanto para gastos propios como para los realizados en favor del cónyuge, concubina o concubinario, hijas, hijos, madres o padres, siempre que estos no perciban ingresos iguales o superiores al salario mínimo anual.
La iniciativa establece que la deducción solo será válida si el pago se realiza a instituciones educativas privadas con reconocimiento oficial de validez de estudios, y si se hace a través de medios electrónicos o financieros, como transferencias bancarias, cheques nominativos o tarjetas de crédito o débito, con el objetivo de garantizar trazabilidad fiscal.
Actualmente, el Servicio de Administración Tributaria permite deducir colegiaturas únicamente hasta el nivel medio superior, con montos máximos que no han sido actualizados desde 2011. La educación universitaria quedó fuera de ese esquema, a pesar del aumento sostenido en los costos de inscripción y mensualidades.
La diputada promotora argumenta que esta reforma no solo aliviaría la carga económica de las familias, sino que también ayudaría a despresurizar el sistema educativo público, al reconocer el esfuerzo de quienes optan por la educación privada sin dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, que deberá analizar su viabilidad jurídica antes de que el planteamiento pueda ser enviado al ámbito federal, donde se revisaría si el beneficio fiscal puede aplicarse en todo el país.
