Fernanda Durán
El Congreso del Estado ha demostrado tener una habilidad selectiva para administrar sus tiempos. Cuando se trata de aprobar presupuestos, reformas sensibles o ajustes que convienen al Ejecutivo, el fast track funciona con precisión quirúrgica. Pero cuando el tema implica cumplir sentencias de la Suprema Corte, consultar a personas con discapacidad o garantizar derechos colectivos, el reloj legislativo se congela.
El Presupuesto de Egresos 2026 se aprobó sin sobresaltos, con discursos de responsabilidad y disciplina financiera, pero también con omisiones evidentes. Entre ellas, una que ya se ha vuelto costumbre: no se destinó un solo peso para las consultas obligatorias, pese a que el propio Congreso reconoce que arrastra sentencias sin cumplir desde hace más de dos años.
Mientras se justifica la urgencia de ciertos ajustes presupuestales o reformas electorales, las consultas —que no son un gesto político, sino una obligación constitucional— siguen postergándose bajo el argumento de que “no hay recursos”, “no hay metodología” o “no hay condiciones logísticas”. Excusas que se repiten año tras año, aunque los datos públicos las desmientan.
Hoy el Congreso tiene pendientes al menos cuatro consultas prioritarias. Tres de ellas derivan de resoluciones judiciales firmes y continúan formalmente en fase de cumplimiento. La primera corresponde a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de julio de 2023, que invalidó diversos artículos de la Ley Electoral del Estado por haberse aprobado sin consulta previa a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, y que obliga al Poder Legislativo a reponer el procedimiento dentro de un plazo determinado.
La segunda es la consulta a pueblos y comunidades indígenas sobre el cambio del sistema de partidos a usos y costumbres, ordenada por el Tribunal Electoral del Estado en agosto de 2023, correspondiente al expediente TESLP/JDC/11/2023, tras determinar que el ejercicio previo fue insuficiente.
La tercera es la consulta en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad, derivada de la acción de inconstitucionalidad 67/2023, que invalidó un capítulo completo de la Ley de Educación del Estado y cuyo plazo de cumplimiento ya comenzó a correr. A estas se suma la consulta para emitir una nueva Ley de Movilidad, cuyo mandato no proviene de la Corte, sino del propio Congreso de la Unión, y cuyo plazo legal también se encuentra vencido.
Ninguna de estas consultas, por sí sola, explica el argumento de los ocho millones de pesos que el Congreso ha puesto sobre la mesa como requisito para avanzar.
Como ha documentado de manera reiterada Astrolabio Diario Digital, los ejercicios de consulta realizados por el Congreso en años recientes han tenido costos significativamente menores a los montos que hoy se plantean como condición para cumplir sentencias judiciales, ya que han costado entre 300 mil y 500 mil pesos, incluso con participación interinstitucional, difusión territorial y formatos accesibles, pero aún así, la mayor parte de ese gasto no se destinó al contenido sustantivo de la consulta, sino a rubros administrativos: alimentos, viáticos, impresión de materiales, renta de equipo y logística de eventos. No fue la consulta lo que resultó caro, sino la forma en que el Congreso decidió organizarla.
El monto inflado no responde a una necesidad técnica, sino a una decisión política: acumular iniciativas de naturalezas distintas —salud, discapacidad, movilidad, derechos indígenas— y pretender consultarlas todas juntas, aun cuando el propio Legislativo ha reconocido que carece de capacidad metodológica para hacerlo.
El problema no es únicamente presupuestal. Si la intención real fuera cumplir, el Congreso ya estaría trabajando desde hace meses en lo básico: definir metodologías claras, capacitar personal, corregir errores del pasado —como materiales inaccesibles o mal elaborados— y calendarizar consultas diferenciadas. Nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, se ha optado por esperar, concentrar, mezclar derechos distintos y luego alegar inviabilidad.
La simulación alcanza niveles preocupantes cuando incluso se intenta trasladar la responsabilidad. En foros recientes sobre la reforma electoral federal, personal del propio Congreso planteó que los organismos electorales se hicieran cargo de las consultas, como si una obligación constitucional pudiera delegarse por conveniencia administrativa. El mensaje es claro: cumplir es opcional; administrar el incumplimiento, no.
Mientras tanto, la Suprema Corte ha sido explícita: las sentencias no están cumplidas, los plazos han sido rebasados y las actuaciones reportadas por el Congreso son insuficientes. Aun así, el Legislativo insiste en que “no van retrasados”, aunque no haya presupuesto, calendario ni consulta en marcha.
El contraste es inevitable, para aprobar presupuestos y reformas incómodas, hay prisa; para escuchar a quienes la ley obliga a consultar, hay pretextos. No es un problema de dinero, ni de técnica, ni de tiempos legislativos: es un problema de voluntad política.
A este rezago se suma un reconocimiento explícito del propio Congreso: en septiembre de 2025, la Comisión de Derechos Humanos admitió que al menos 17 iniciativas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad —y otros grupos en situación de vulnerabilidad— deberán someterse a consulta pública. Lejos de priorizar aquellas que ya cuentan con mandato judicial o plazos legales vencidos, el Legislativo optó por acumularlas todas y presentar el problema como una carga financiera extraordinaria, cuando en realidad se trata de obligaciones diferenciadas que debieron haberse atendido de manera escalonada y oportuna.
Y así, entre fast tracks selectivos y consultas eternamente pendientes, el Congreso confirma que su verdadera especialidad no es legislar con enfoque de derechos, sino normalizar el incumplimiento mientras presume institucionalidad. Porque cuando el poder apremia, el Congreso corre; cuando los derechos exigen, el Congreso espera.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
