Fernanda Durán
La defensa de la autonomía universitaria, la suficiencia presupuestal y la rendición de cuentas fueron los ejes centrales del diálogo académico celebrado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde especialistas nacionales coincidieron en que la educación superior enfrenta hoy presiones financieras, cuestionamientos al conocimiento científico y un entorno global cada vez más complejo.
La primera conferencia fue “Autonomía Universitaria como Garantía Constitucional: Libertad Académica, Gobierno Propio y Responsabilidad Pública”, a cargo del Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien sostuvo que la autonomía no es un privilegio institucional ni una concesión política, sino una condición indispensable para garantizar la libertad de cátedra, la investigación crítica y la formación de profesionistas capaces de responder a los problemas de su tiempo.
Durante su exposición, Lomelí Vanegas recordó que la autonomía universitaria en América Latina tiene su origen en la Reforma de Córdoba de 1918, como respuesta a la injerencia del poder político y religioso en la vida académica. A más de un siglo de distancia, la misión de las universidades públicas autónomas sigue siendo esencialmente la misma.
“La autonomía no se hereda, se ejerce y se defiende cotidianamente”, afirmó, al advertir que sin ella las universidades corren el riesgo de subordinarse a agendas coyunturales y perder su papel como espacios críticos de generación de conocimiento.
El rector de la UNAM señaló que las universidades enfrentan hoy retos complejos como la desigualdad, la violencia, el deterioro ambiental, la crisis democrática y la transformación tecnológica del trabajo, al tiempo que padecen presiones presupuestales, acosos a su autonomía y una creciente desinformación que cuestiona la evidencia científica.
Lomelí Vanegas advirtió que la autonomía universitaria enfrenta hoy un escenario internacional adverso, marcado por un incremento de ataques directos contra comunidades académicas y un deterioro sostenido de la libertad académica.
Citó reportes internacionales que documentan cientos de agresiones contra estudiantes, docentes e instituciones en decenas de países, así como una tendencia preocupante a la censura, la intimidación y la deslegitimación del conocimiento científico.
Este contexto —señaló— confirma que la defensa de la autonomía universitaria no es un problema local ni exclusivo de regímenes autoritarios, sino un desafío global que exige universidades capaces de actuar con firmeza, visión estratégica y compromiso público frente a presiones políticas, ideológicas y sociales.
En ese contexto, destacó el papel histórico de la UASLP como una de las primeras instituciones del país en obtener su autonomía, condición que ha permitido estabilidad institucional, proyectos de largo plazo e innovación académica.
La segunda conferencia estuvo a cargo de Eber Omar Betanzos Torres, titular de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación, quien abordó la relación entre autonomía universitaria, transparencia y fiscalización del gasto público.
El funcionario planteó que la integridad en la administración pública no depende de valoraciones morales individuales, sino del cumplimiento estricto de la ley y del ejercicio adecuado de las atribuciones institucionales.
“La integridad son herramientas que deben estar presentes en el trabajo cotidiano de las instituciones para que se cumplan de manera efectiva los objetivos y las metas”, señaló Betanzos Torres, al explicar que la fiscalización superior debe privilegiar un enfoque preventivo, orientado a corregir y mejorar la gestión pública, más que a limitarse a una lógica exclusivamente sancionadora.
El auditor recordó que el debate entre autonomía universitaria y fiscalización no es nuevo en México y aludió a las discusiones históricas sobre el control de los recursos públicos en las universidades.
Indicó que con el tiempo se ha construido un equilibrio institucional, en el que las universidades conservan la facultad de gobernarse y definir su vida académica, mientras que los recursos federales son revisados bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia, sin interferir en su autonomía.
Betanzos Torres subrayó que la educación superior es un motor clave de movilidad social y desarrollo, y que su fortalecimiento requiere recursos suficientes y bien ejercidos.
“La educación y la fiscalización tienen algo fundamental en común: ambas buscan generar confianza, certidumbre y construir un mejor país”, afirmó.
Ambos ponentes coincidieron en que autonomía universitaria y rendición de cuentas no son principios opuestos, sino responsabilidades complementarias, y advirtieron que debilitar a una universidad autónoma no sólo afecta a una institución, sino que envía una señal de riesgo para todo el sistema de educación superior, particularmente en un contexto global donde se registran retrocesos en la libertad académica.
