María Ruiz
A pesar de que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí confirmó la aprobación de un aumento de un peso a la tarifa del transporte urbano, al pasar de 12.50 a 13.50 pesos, el ajuste aún no ha entrado formalmente en vigor, ya que no ha sido publicado en el Periódico Oficial del Estado. Sin embargo, de acuerdo con denuncias ciudadanas, algunas unidades ya intentan cobrar la nueva tarifa de manera anticipada.
El activista del Colectivo Praxis Combativa, David Reyes Medrano, advirtió que incluso trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) estatal tuvieron que intervenir para impedir que operadores aplicaran el aumento antes de su publicación oficial.
“Se aprobó la tarifa, pero todavía no entra propiamente en vigencia, porque no se ha publicado, pero ya se anunció. Desde hoy hemos recibido información de gente que nos dice que ya están cambiando la tarifa y ya quieren subirla. Incluso hubo trabajadores de la SCT que les impidieron subirla el día de hoy”, señaló.
Reyes Medrano calificó esta práctica como un abuso reiterado por parte de los concesionarios, quienes buscan obtener ganancias inmediatas sin importar la legalidad del proceso.
“Eso no se puede hacer hasta que esté publicado en el Periódico [Oficial del Estado]. Independientemente de que sea ilegal, estos tipos solamente quieren sacar dinero a costa de explotar al trabajador que lo opera y de la gente que pagamos el transporte público”, expresó.
Durante la entrevista, el activista añadió que el aumento aprobado y anunciado por el gobierno es ilegal, ya que no cumple con lo que marca la normatividad vigente, pues cualquier ajuste a la tarifa debe basarse en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
“Si va a subir, tiene que subir conforme al índice nacional de precios al consumidor, el acumulado del 2025. Ese porcentaje representa poco menos de 50 centavos, redondeado son 50 centavos, pero aquí le están subiendo un peso”, afirmó.
De acuerdo con Reyes Medrano, el incremento autorizado representa más del doble de lo permitido por la ley.
“Sí hay un incremento ilegal de más del 100 por ciento de lo que debería de ser. Esto es un atropello para la economía de las familias, es un abuso”, denunció, recordando que una situación similar ocurrió el año pasado sin que hubiera consecuencias para los concesionarios.
Unidades en malas condiciones y violaciones a la normatividad
En cuanto a las condiciones del servicio, el activista señaló múltiples deficiencias que, desde su perspectiva, deberían impedir cualquier aumento tarifario.
“Cuando uno se sube al transporte urbano, puede identificar que en horas pico hay más de 10 personas de pie, cuando la ley marca que no pueden estar más de 10 personas de pie. Eso ya es una falta a la normatividad que merecería una sanción”, indicó.
Además, destacó que muchas unidades no cumplen con la antigüedad permitida.
“Muchos camiones tienen más de 10 años, se puede apreciar en las condiciones de desgaste”.
A través de solicitudes de transparencia, el colectivo obtuvo datos públicos en 2023 que evidenciaban la magnitud del problema.
“En ese entonces, más de 400 camiones tenían más de 10 años. Es decir, había 400 camiones que no merecían el incremento de la tarifa”, puntualizó.
Reyes Medrano recordó que la ley establece requisitos claros para autorizar incrementos, entre ellos que las unidades cumplan con estándares de calidad.
“Dentro de esos estándares está que tengan botón de pánico, que tengan cámara y que tengan menos de 10 años de antigüedad”, señaló.
De igual forma, el activista acusó al Gobierno del Estado de ocultar información clave después de que estas irregularidades fueron denunciadas públicamente.
“A partir de ese año, como empezamos a hacer públicos esos datos, el gobierno ya no sube la fecha en que se compró la unidad. Están escondiendo esa información”, denunció.
Explicó que actualmente el padrón de concesionarios solo muestra la ruta y el nombre del titular de la concesión, pero ya no incluye el año del vehículo.
“Ese es un tema importante porque hoy sube la tarifa y hay que señalar que es completamente ilegal”, reiteró.
Reyes Medrano lamentó que, aunque existe indignación social, esta no se traduzca en acciones concretas. Aunque en el pasado promovieron juicios de amparo, estos no prosperaron.
“El Poder Judicial de la Federación quedó mucho a deber. Los juicios los alargaron al punto de que no se resolvían a tiempo”, dijo, y según el activista, esto deja a los usuarios en un estado de indefensión. “No podemos combatir la violación a los derechos humanos porque no se está respetando el proceso para incrementar la tarifa; se lo están saltando”, acusó.
Ante este escenario, el Colectivo Praxis Combativa anunció que buscará nuevas vías legales.
“Vamos a intentar promover juicios de nulidad a través del TECA, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, y por otro lado promover juicios de amparo con gente que sea usuaria acreditada”, explicó.
Para ello, dijo, será necesario contar con credenciales de prepago vigentes de los usuarios e incluso planteó la posibilidad de un juicio colectivo.
“Sería muy importante que hubiese una asociación civil que tenga en su objeto los derechos de movilidad, porque eso nos permitiría promover un juicio colectivo”, añadió.
También adelantó que solicitarán nueva información vía transparencia. “Vamos a estar pidiendo los datos de cuántas unidades no cuentan con cámaras, botones de pánico y no cumplen con la antigüedad”.
Mal servicio y afectaciones a los usuarios
En relación con las quejas por los tiempos de espera, Reyes Medrano señaló problemas recurrentes, especialmente por la noche.
“Cuando ya se va a acabar la jornada, muchos camioneros no se detienen a recoger a la gente en la última ruta”, comentó el activista quien añadió que en domingos y fechas clave disminuye deliberadamente el número de unidades. “Baja el acceso al transporte y eso está mal”.
Todo ello, dijo, impacta directamente en la percepción de calidad del servicio.
“Muchos camiones huelen mal, la gente va parada, a veces van muy rápido y no se detienen porque quieren cumplir con los tiempos que les impone el concesionario”, describió.
Finalmente, Reyes Medrano enfatizó que el incremento no favorece a los choferes.
“Este incremento no beneficia al operador. El operador sigue ganando poco y trabajando mucho. El incremento se va directamente a los concesionarios”, aseguró.
