Fernanda Durán
El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra, advirtió que el presupuesto federal asignado a las universidades públicas y el contenido del nuevo convenio Federación-Estado ponen en riesgo la operación, la autonomía y la capacidad de crecimiento de las instituciones de educación superior.
Ante este panorama, llamó a las universidades del país a ejercer una presión conjunta ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda para corregir el rumbo del financiamiento.
Durante el cierre del Diálogo universitario: autonomía universitaria y fiscalización superior: límites, equilibrios y corresponsabilidades, realizado por los 103 años de la autonomía universitaria, Zermeño Guerra señaló que las universidades han dado seguimiento puntual a los comunicados relacionados con el nuevo convenio de ejecución de recursos, un proceso en el que ha participado de manera activa la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera (AMERIAF).
Explicó que la presidenta de ese organismo, Leticia Jiménez Zamora, y su equipo técnico, han identificado observaciones relevantes en el convenio que no son evidentes para quienes no son especialistas en temas financieros.
“Ellas han estado muy conscientes de que esto no es correcto”, afirmó, al señalar que dichas observaciones han sido compartidas con las rectorías del país.
El rector subrayó la incongruencia entre el incremento presupuestal autorizado y las obligaciones laborales que deben cumplir las universidades.
“Si nos están aumentando el 1.76 y nos obligan a aumentar el 4 por ciento en salarios y el 2 por ciento en prestaciones, yo no soy economista, pero en la clase de matemáticas sí la llevé y no da”, expresó, al precisar que incluso las universidades con mayor asignación enfrentan un desbalance financiero.
Zermeño Guerra informó que en los próximos días se realizará una reunión con autoridades federales del sector educativo para revisar el convenio, y planteó que ese encuentro debe aprovecharse para una acción coordinada entre universidades.
“Yo creo que ya hay una forma de hacer una acción de presión (…) presionemos a la Secretaría de Educación Pública y a su vez ella a la Secretaría de Hacienda”.
Recordó que en reuniones en años anteriores con legisladores federales de distintos partidos se ha reconocido que la educación es un eje fundamental para el desarrollo nacional; sin embargo, cuestionó que esa postura no se refleje en el presupuesto aprobado.
Relató que, tras aprobarse un incremento nulo a educación en un ejercicio anterior, la respuesta fue que el apoyo llegaría “el año que entra”, situación que no se ha materializado.
El rector también se refirió a la política de gratuidad en la educación superior y que su aplicación requiere recursos específicos que no han sido asignados.
“La gratuidad para la educación superior implica entre 14 y 17 mil millones de pesos al año para repartirse en las demás universidades para que no tengamos que cobrar cuotas”, indicó, al señalar que esos fondos no han llegado desde que se anunció la medida.
Advirtió que la falta de financiamiento ya tiene efectos concretos en la planeación académica y en la cobertura.
“En agosto que lleguen las nuevas generaciones, si yo recibía siete mil alumnos, pues voy a poder recibir 5 mil 500”, dijo, al relacionar esta reducción con la meta federal de incorporar un millón de estudiantes más a la educación superior durante el sexenio.
Zermeño Guerra sostuvo que fortalecer a las universidades existentes resulta menos costoso que crear nuevas instituciones, ya que estas cuentan con infraestructura básica, pero el principal obstáculo es la falta de recursos para personal académico, laboratorios y equipamiento.
“Es mucho menos la inversión que empezar desde buscar cómo hacer los cimientos de una institución”.
El rector vinculó de manera directa la insuficiencia presupuestal con la autonomía universitaria.
“No podemos ser autónomos si no tenemos el recurso”, afirmó, al señalar que la llegada tardía de fondos impide planear proyectos de crecimiento y obliga a ejercerlos de manera apresurada.
Como ejemplo, mencionó que este año la universidad recibió apenas 10 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), frente a montos de hasta 120 millones en años anteriores.
“Para una institución de este tipo no alcanza ni para impermeabilizar nuestros institutos”.
Finalmente, Zermeño Guerra reiteró que el tema financiero y la autonomía universitaria deben ser ejes centrales en la reunión prevista con autoridades federales, pues de no corregirse el diseño presupuestal, las consecuencias se reflejarán en el corto plazo.
“Lo que están haciendo en estos presupuestos es un grave error y las consecuencias, si no lo corrigen, van a ser muy pronto”.
La reunión prevista para el lunes se da luego del pronunciamiento público de la ANUIES, en el que el organismo advirtió que el presupuesto federal 2026 aprobado por la Cámara de Diputados no cubre el impacto inflacionario ni las obligaciones salariales de las universidades públicas.
Tras esa postura, rectoras y rectores señalaron la necesidad de revisar el convenio Federación-Estado y los mecanismos de ejecución de recursos, por lo que el encuentro con autoridades de la Secretaría de Educación Pública buscará aclarar ajustes técnicos y definir si existen márgenes para corregir el esquema de financiamiento.
