Ciudadanos Observando cuestiona llamado al “voto de confianza” por aumento tarifario al transporte público

Fernanda Durán

La organización Ciudadanos Observando cuestionó el reciente aumento a la tarifa del transporte público urbano en San Luis Potosí y acusó que la medida fue autorizada sin que los concesionarios cumplieran con las obligaciones establecidas en la Ley de Transporte del Estado, además de señalar omisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una postura permisiva desde el Congreso del Estado.

En entrevista, el vocero de la organización, Guadalupe González Covarrubias, calificó como “desafortunadas” las expresiones de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), Jacqueline Jáuregui Mendoza, presidenta de la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, luego de que solicitara a la ciudadanía un “voto de confianza” tras el ajuste a la tarifa. A su juicio, esa postura evidencia un alejamiento del marco legal.

“Ella debería de ser la primera en oponerse al aumento a la tarifa porque los permisionarios no han cumplido con los compromisos que marca la ley”, afirmó González Covarrubias, al señalar que la legislación no permite incrementos parciales o condicionados. “La ley no dice que si cumples dos y tres sí, o tres y cuatro no, o sea te dice que si no cumples todos los requisitos no se aumenta la tarifa”, sostuvo.

El representante de Ciudadanos Observando advirtió que durante 2025 circularon más de 370 unidades fuera de la ley, al haber superado los 10 años de vida útil permitidos.

“¿Cómo puede ser posible que hayan andado más de 370 unidades fuera de la ley y como esas un sinfín de violaciones?”, cuestionó, al añadir que también se han detectado camiones rotulados con propaganda partidista sin autorización.

“Vemos los camiones rotulados con publicidad del Partido Verde sin ninguna autorización, o sea son violaciones a la ley”.

En su posicionamiento escrito, la organización planteó: “¿Para qué existe la ley de transporte del estado de San Luis Potosí si los permisionarios no la respetan y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno estatal coludida con ellos le autoriza otro brutal aumento a la tarifa?”.

De acuerdo con el documento, pese a no cumplir con lo dispuesto en los artículos 2, 67 y 68 de la Ley de Transporte, los concesionarios fueron beneficiados con un incremento que llevó la tarifa a 13.50 pesos.

El colectivo señaló que este ajuste representa el segundo año consecutivo con los aumentos más altos desde 2014, y que durante la actual administración estatal “se han realizado los incrementos más fuertes para beneficiar a los permisionarios”, lo que a su juicio evidencia “el pago de favores políticos y los acuerdos perversos entre ambos”.

Los señalamientos de Ciudadanos Observando se apoyan también en el análisis publicado por el periodista Victoriano Martínez, quien documentó que el aumento autorizado al transporte urbano en 2026 superó el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de 2025, que fue de 3.69 por ciento, al ubicarse entre 8 por ciento y 9.09 por ciento según la modalidad, pese a que el artículo 94 de la Ley de Transporte Público condiciona cualquier ajuste al cumplimiento previo de principios rectores y estándares de calidad.

Ciudadanos Observando también acusó omisiones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al señalar que, pese a la circulación de unidades fuera de norma, no se aplicaron sanciones ni se retiraron de operación.

Asimismo, recordó que el artículo 81 de la Ley de Transporte prohíbe la colocación de publicidad sin autorización previa y por escrito, y afirmó que una respuesta oficial a una solicitud de información confirmó que no se han otorgado permisos, pese a la presencia de propaganda del Partido Verde en diversas unidades.

Finalmente, la organización también se refirió al posicionamiento de la Federación Universitaria Potosina (FUP), al señalar que si bien expresó su rechazo al aumento, su postura no se traducirá en acciones adicionales.

“No pasará de ahí, no realizará acciones contundentes en contra del abuso que beneficia al pulpo camionero”, concluye el documento.