Estela Ambriz Delgado
Personas defensores de la comunidad San Marcos Carmona se encuentran a la espera de una resolución positiva para la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, presentada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, y la ministra Lenia Batres, de la denuncia penal que Promotora y Proyectos Proaljo interpuso en contra de dirigentes del movimiento.
La Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), informó que la solicitud será discutida en sesión de la SCJN este 21 de enero. La relevancia de esta reside en que se trata de los juicios de orden penal que la empresa inició en contra de algunos de los dirigentes del movimiento, en respuesta a sus triunfos legales en materia ambiental.
Luego de haber obtenido las cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales promovidos en defensa del río Calabacillas y de sus derechos sobre tierras y aguas, en el mismo mes de junio de 2023, Proaljo presentó una denuncia por daños a una barda que valúan en alrededor de 9 millones de pesos.
La barda en cuestión se encuentra en un área de uso común del núcleo agrario e impedía el paso libre a la Sierra de San Miguelito de donde los habitantes obtienen los medios para su subsistencia, pastorean su ganado y recolectan diversos productos, por lo que inclusive en dichas suspensiones se incluye garantizar el acceso de los habitantes de la comunidad a la sierra.
Al respecto, el doctor Guillermo Luévano Bustamante, quien forma parte de la Clínica, consideró que la acusación es absurda, pues que en primer lugar los delitos que les imputan —y sobre los que los jueces penales si le dieron entrada—, que es daño a las cosas y delitos patrimoniales, se reclama sobre el predio que está en litigio.
Por lo tanto, no existe una determinación sobre la posesión ni la propiedad, ni puede haber la configuración de un delito en este lugar. Además de que tampoco acreditaron la propiedad de la barda.
“Es absurdo porque es una barda de 300 metros que la avalúan en 9 millones de pesos, y luego lo que exhibieron fueron algunas facturas genéricas de compra de materiales, pero no se acredita que es de esa barda de un predio en litigio, y los testigos de la empresa son sus trabajadores, que obviamente están condicionados a declarar a su favor”.
Con todo ello, y a pesar de que ya habían logrado con su defensa penal una resolución absolutoria de la sentencia que los condenaba en una sala de apelación, en enero de 2025 la empresa volvió a presentar un recurso y logró revivir el procedimiento con múltiples irregularidades y encubrimiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.
Sin que se notificara a la representante legal ni a los comuneros directamente acusados en el juicio penal, o a la Clínica de Litigio, de acuerdo con el procedimiento, iniciaron un amparo para dejar sin efecto la sentencia absolutoria y restituir la condenatoria.
Luévano Bustamante precisó que esta resolución condenatoria en este momento está suspendida sólo porque la Clínica y la abogada particular presentaron otro amparo.
Además de que el año pasado acudieron a solicitar una audiencia a la SCJN, lograron hablar con la ministra Lenia Batres y le plantearon el caso. Posteriormente, pudieron hacérselo llegar al ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, por lo que ambos hicieron suya la petición a través del procedimiento formal.
El asesor de la comunidad estimó que, de ser aprobada la atracción, los juicios serían resueltos por la SCJN y ya no el Tribunal Colegiado del Estado, lo que sería más conveniente dado el rigor de la misma y sus criterios más proteccionistas. Además de que se encuentra más alejada de intereses económicos, que hasta ahora han permitido que sigan operando las inmobiliarias en San Marcos.
Entre los defensores de la comunidad que han sido denunciados, manifiestan su petición a la SCJN, para que les dé la oportunidad de llevar sus juicios en la Ciudad de México, a fin de tener equidad y que no se vulneren sus derechos, pues consideran que en el estado se beneficia a quien tiene poder económico e influencia en las autoridades.
“Llevamos un juicio penal por defender nuestro entorno y área de recreación familiar, ya que era costumbre llevar a nuestros pequeños a chapoteaderos que tiene nuestro río Calabacillas, que también contábamos con áreas de pastoreo. Desafortunadamente, ya no contamos con la mayor parte de nuestras tierras ya que vinieron a invadirnos las constructoras con el respaldo de las autoridades municipales y estatales. Le pido a los jueces agrarios, penalistas y federales que se nos haga justicia en recuperar nuestras tierras, nuestra libertad, y el derecho de vivir en nuestra comunidad pacíficamente”.
Asimismo, destacan que la lucha ha sido muy extensa y llevan juicios tanto agrarios como penales y ambientales, por lo que solicitan a la SCJN volteen a ver sus casos, ya que han sido objeto de atropellos en todos los procesos, dada la intervención de autoridades estatales y municipales a favor de los empresarios, a pesar de contar con cuatro suspensiones.
“Queremos que se respeten y obliguen a las autoridades competentes que hagan su trabajo sin distinción alguna, que nuestros derechos no sean violentados y no seamos discriminados”.
Además, dejan en claro la importancia de la defensa del río, pues aparte de que ha sido históricamente un sitio de recreación para los habitantes, también es una vena para resumidero de agua que abastece diferentes pozos de la comunidad, por lo que no quieren contaminación por parte de los empresarios que introducen las aguas negras al río.
“Queremos un río limpio y libre, no queremos un bulevar como el que dichos empresarios pretenden construir, por defender el río hemos sido hostigados y perseguidos por empresarios y por la policía, queremos ser libres dentro de nuestra misma comunidad”.
