Fernanda Durán
Tras el veto emitido por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la reforma electoral conocida como Ley Gobernadora, el Congreso del Estado aún no ha iniciado formalmente el análisis de las observaciones del Ejecutivo ni ha sesionado en comisiones para definir el rumbo del proyecto.
El diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Carlos Arreola Mallol, señaló que, conforme a la Constitución del Estado, una vez recibido el veto corresponde a las comisiones dictaminadoras revisar las observaciones y definir si se elabora un nuevo dictamen o si se modifica el proyecto original; sin embargo, hasta el momento no se ha entrado a esa etapa.
“Una vez recibidas las observaciones por parte del Ejecutivo hay que analizarlas, discutirlas en la comisión, elaborar un dictamen que considere lo que el Congreso en su libertad configurativa determine considerando estas observaciones”, expuso, al precisar que su planteamiento es abrir un debate más amplio, aunque todavía no existe una definición institucional al respecto.
Arreola explicó que, desde su perspectiva, el tema podría abordarse dentro de una reforma político-electoral integral, pero se trata de una posibilidad y no de una decisión tomada.
“Yo soy de la idea de que construyamos un debate más amplio (…) y que construyamos una gran reforma electoral para San Luis Potosí”.
El legislador también planteó que el Congreso podría esperar a conocer la propuesta de reforma electoral federal anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a fin de armonizar los cambios nacionales con la legislación local, aunque esa ruta dependerá de los consensos que se alcancen entre las fuerzas políticas.
En cuanto al tema de las consultas, Arreola señaló que no serían un requisito si las modificaciones provienen de una reforma constitucional federal, al tratarse de un proceso legislativo que ya forma parte del constituyente permanente. Explicó que, en ese supuesto, la adecuación local no implicaría necesariamente la realización de consultas adicionales.
No obstante, advirtió que el Congreso deberá cuidar que en su implementación no se vulneren derechos de grupos que pudieran estar sujetos a mecanismos de consulta, lo que refuerza la necesidad de analizar con cautela el alcance de cualquier modificación electoral.
Por su parte, la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, confirmó que el veto apenas fue recibido y que el tema aún no ha sido trabajado en los órganos de gobierno interno del Legislativo.
“No lo hemos trabajado, de hecho apenas llegó, no lo hemos trabajado, pero ya que lo trabajemos en la Junta de Coordinación Política, ya lo veremos”.
El veto del Ejecutivo fue recibido el viernes 16 de enero en sesión de la Diputación Permanente y turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, sin que hasta ahora se haya convocado a reunión para iniciar su análisis.
La reforma electoral permanece en pausa legislativa, a la espera de que el Congreso defina si retoma el proyecto en el corto plazo o si opta por postergarlo dentro de una discusión más amplia sobre los cambios electorales rumbo a 2027.
