Iraís Valenciano
“Las autoridades federales y estatales no están viendo la educación como una prioridad para el desarrollo”, sentenció el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Javier Zermeño Guerra, el pasado 25 de enero, días antes de una reunión a nivel nacional para revisar el presupuesto 2026.
En el 103 aniversario de la autonomía de la UASLP, el Centro Cultural Universitario Bicentenario fue el epicentro de reflexiones sobre la fiscalización y el futuro de las universidades públicas. Ese recinto, según Zermeño, se construyó con tres Fondos de Aportaciones Múltiples (FAM), en años en los que cada una de esas aportaciones oscilaba entre los 110 y 120 millones de pesos. ¿Cuánto llegó de FAM en 2025 a la más grande universidad pública potosina? 10 millones de pesos.
No es cosa menor que en los conversatorios y conferencias hayan estado presentes seis rectores; el titular de Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación; el secretario general ejecutivo de la ANUIES; un asesor jurídico universitario y la presidenta del Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMEREIAF), quienes compartieron distintos puntos de vista, pero todos coincidieron en la importancia de defender la autonomía y sí, también en la obligatoriedad de la transparencia.
Zermeño Guerra hizo eco de lo dicho por la presidenta de AMEREIAF, Leticia Jiménez Zamora y advirtió que ya es momento de actuar en unión con todas las universidades, en otras palabras: medidas de presión para que se considere dar a las universidades el presupuesto que requieren para su funcionamiento.
También le dio la razón en cuanto a que la mitad de la población de 18 a 23 años en el país está en las universidades autónomas, “y cuando ya no podamos atenderles será el despertar del tigre y tendrá unas consecuencias muy malas para el país (…) Lo que están haciendo es un grave error y las consecuencias serán muy pronto, este año”, añadió.
Que la UASLP tiene aún mucho por mejorar, eso nadie lo duda. Que arrastra problemas heredados, también es verdad y que la transparencia es fundamental, por supuesto, pero indignarse (en corto) por los llamados a la acción y pensar que recortar (más) los gastos es una solución mágica ante las reducciones presupuestales que se han agudizado en los últimos dos sexenios, se asemeja más a ríos revueltos y menos a ganas de ver la realidad.
En su discurso, Zermeño reprochó que el presidente del sexenio anterior, “en un arrebato de escritorio”, decidió implementar la gratuidad en la educación superior y desde el 2021, las universidades están en espera de los recursos prometidos por la Federación para subsanar lo que se perdería por el impago de colegiaturas.
A eso se suma la creación de nuevas universidades, “desde los cimientos”, como la Rosario Castellanos y ante ello, los rectores cuestionaron por qué esa inversión no se destina a las instituciones ya existentes, formales y que han dado buenos resultados durante décadas.
Es justo reconocer que no todo es “culpa” de las autoridades. Entre las verdades evidenciadas en los conversatorios, destacó por ejemplo el comentario del rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel, quien mencionó cómo las instituciones muchas veces se ven obligadas a contratar a un empleado por horas para desempeñar actividades que debería realizar alguien que ya está en posibilidades de jubilarse y cuya productividad ha disminuido, pero se mantiene en su espacio de trabajo. Ello provoca que las universidades terminen pagando dos sueldos por una misma labor.
Buscar soluciones a ese tipo de problemas puede convertirse en un circo de tres pistas, pero Pimentel también dejó algo en claro: la universidad no son únicamente los rectores, ni la transparencia solo es responsabilidad de quienes están a la cabeza, sino de todo el personal que integra la institución: “Los estudiantes van de paso, los directivos también, pero los docentes y trabajadores se quedan en las instituciones y deben velar por los intereses de la institución”.
¿Y cómo garantizar la transparencia, sobre todo en el manejo de los recursos autogenerados por las universidades, esos que resultan tan tentadores para las auditorías estatales? En el caso de la Universidad Autónoma de Nuevo León, existe un consejo consultivo integrado por funcionarios, empresarios y otras personas respetadas en la entidad, el cual sugiere algunos despachos externos que se someten a consideración del consejo directivo, para así evitar la percepción de auditorías “a modo”.
La injerencia política, esa a través de la cual se pretende tratar a rectores como secretarios o incluso “ningunearlos”, y los riesgos de judicializar procesos, también se mencionaron en los conversatorios. “Todos sabemos que a veces las fiscalías que formalmente son autónomas, se convierten en brazos ejecutores o punitivos del poder público, no debería ser así pero por desgracia lo es”, advirtió José Ramón Bonilla, asesor jurídico de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A juzgar por los “memes” y textos colmados de vísceras y calificativos publicados casi de inmediato en páginas de Facebook y pasquines digitales anónimos creados para “lodazales” a sueldo, hubo quienes en San Luis Potosí se pusieron el saco ante los testimonios relatados por los rectores y funcionarios universitarios foráneos. ¿Y si en vez de indignarse ponen sus barbas a remojar?
Tampoco han faltado, como en otras coyunturas universitarias recientes, quienes han aprovechado el tema del presupuesto para llevar agua a su molino, orquestar golpeteos y verter teorías conspiranoicas que de tan irreales o descontextualizadas, evidencian fácilmente su origen e intenciones. ¿Ayudan a la Universidad? Nada, en absoluto.
La institución a la que miles de potosinos han estado ligados de manera directa o indirecta durante los últimos 103 años, vale mucho más que cualquier interés personal. Defender su autonomía y supervivencia es imperativo, pero también, como dijo el secretario general de la ANUIES, “para ser autónomos y poder defender nuestra autonomía es muy importante que tengamos adentro las cosas claras, las cuentas claras y transparentes”.
Desde las diferentes trincheras, vale la pena defender (por lo menos) otros 103 años de autonomía de la UASLP.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
