Por Victoriano Martínez
“Nos dieron aviso, la Comisión Estatal de Búsqueda y el colectivo, de restos encontrados en Laguna del Mante. La Fiscalía tomó conocimiento; lo que hace la Fiscalía es el procesamiento del lugar, se recogen los restos para tratar de identificar el ADN y luego hacer la comparativa”, informó Manuela García Cázares, fiscal General del Estado sobre los hallazgos de restos humanos localizados por el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros (VDPN)
Una declaración que para las madres buscadoras y demás integrantes del colectivo marca el regreso a la aflicción de haber abierto con su esfuerzo la esperanza de acercarse a saber el destino de sus desaparecidos para ahora enfrentar la indolencia de las autoridades que a partir de ese momento poco les informan sobre los restos que ellas mismas localizaron.
Si la fiscal informó el procedimiento que le cierra el paso a la esperanza de las familias de los desaparecidos, Edith Pérez Rodríguez, quien encabeza VDPN, proporcionó datos de sus avances que son frenados por la Fiscalía: con este hallazgo suman 15 zonas donde han localizado indicios humanos durante sus recorridos en la Huasteca.
Quince hallazgos que se pierden en una burocratizada Fiscalía General del Estado, como una desaparición –aparentemente temporal, pero al fin desaparición– de las posibilidades de saber si entre los restos del hallazgo se encontraba alguno de sus desaparecidos.
Una situación que enfrentan en todo el estado, donde no son pocas las fosas con restos humanos encontradas, pero que cuya identificación depende de quienes no muestran voluntad para ser cuando menos empáticos con urgencia de los familiares de los desaparecidos por tener un dato sobre su destino.
Entre el 2020 y julio de este 2025, según la respuesta de la Fiscalía General del Estado a la solicitud de información 240469825000363, se localizaron 151 cuerpos o restos humanos en fosas clandestinas. Sumados los del último semestre dan cuenta de la magnitud de la indolencia de la autoridad para atender a los familiares como víctimas secundarias que son revictimizadas.
La nula voluntad se refleja además en el poco apoyo a las actividades de localización con una Comisión Estatal de Búsqueda de Personas cada vez más mermada, con equipo y vehículos en franco deterioro y personal capacitado que ante la situación opta por renunciar a su trabajo.
Renuncias que no tienen como única motivación verse obligados a trabajar con escasos recursos, sino que adicionalmente enfrentarse a altos riesgos por vehículos en mal estado, pero, sobre todo, porque las brigadas de búsqueda en no pocas ocasiones son atacadas por el crimen organizado.
Tan solo en este caso, tras el hallazgo en Laguna del Mante dos camionetas resultaron dañadas al salir del predio luego de que les arrojaron ponchallantas sobre la carretera.
El anhelo de los familiares por encontrar a sus desaparecidos contrasta con la negligencia de la autoridad para apoyar la búsqueda no sólo en acelerar la identificación de restos y mantener informados a las personas buscadoras, para que respaldar la estructura de apoyo gubernamental que por ley deben cumplir.
El Congreso del Estado tiene pendiente la creación de la Fiscalía Especializada en Desaparecidos, a pesar de que el plazo legal se le venció desde el pasado mes de septiembre.
El gobierno estatal incluyó en su Presupuesto de Egresos para este año el “Programa de implementación de acciones de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas” entre los programas “susceptibles de recibir fondeo, sujeto a disponibilidad de recursos”. Un presagio de que el abandono en que se tiene la búsqueda de personas desaparecidas continuará.
El panorama para las familias buscadoras persiste y seguramente continuarán con sus hallazgos que lamentablemente se toparán con la dificultad de avanzar más por una Fiscalía que, a las caiditas, saldrá a decir que se hace cargo del “procesamiento del lugar, se recogen los restos para tratar de identificar el ADN y luego hacer la comparativa”.
