Fernanda Durán
Alrededor de 30 docentes en San Luis Potosí han enfrentado procesos derivados de denuncias presuntamente infundadas por parte de estudiantes o padres de familia, situación que ha generado preocupación entre el magisterio y reactivó el llamado al Congreso del Estado para que se concrete la promulgación de una iniciativa de ley orientada a brindar certeza jurídica al personal educativo.
El diputado presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, Crisógono Pérez López, reconoció que de manera recurrente recibe consultas de docentes sobre el estado de esta iniciativa, aún no vigente, ante la persistencia de conflictos en los planteles.
“Llegan muchos casos en los que los compañeros nos estaban preguntando qué pasaba con esta ley, si ya estaba aprobada o no, si se iba a aplicar o no”.
El legislador detalló que una de las principales finalidades de la iniciativa es evitar que se repitan señalamientos sin sustento legal que deriven en consecuencias graves para los docentes.
“Una de las cosas que pretende esta ley es evitar ese tipo de cosas que pasan para que no haya ya situaciones en las que de manera impune alguien pueda señalar a una maestra, a un maestro”, afirmó, al subrayar que también se busca que exista un resultado legal claro en los casos donde sí se acredite alguna conducta indebida.
Pérez López precisó que, aunque no cuenta con una estadística oficial consolidada, tan solo en días recientes ha recibido múltiples casos.
“De lunes a ayer tres personas me decían que qué hacían y ya les explicaba. La ley no está promulgada, ya les explicaba de qué se trataba”, relató, al insistir en que el procedimiento aún depende de su publicación en el Periódico Oficial del Estado para que sea aplicable.
Sobre la dimensión del problema, el diputado indicó que el propio secretario de Educación ha referido alrededor de 30 casos en proceso, aunque sin información detallada sobre cuántos han derivado en sanciones.
“El secretario decía la vez pasada de 30, de 30 casos que estaban en proceso. Pero de esos 30 no nos han dado hasta ahorita información sobre cuánto realmente se han procedido”, señaló, y que “normalmente, si fueran 30, si proceden dos o tres, es mucho”.
El legislador consideró que la mayoría de los casos corresponden a malos entendidos o denuncias sin sustento, muchas de ellas originadas por situaciones cotidianas en el aula.
“Muchas veces tenemos compañeros que están platicando aquí, se oye al otro lado del salón lo que están diciendo, tienen la voz muy fuerte y levantan poquito la voz y los papás [dicen], ‘le gritó a mi niño’”, explicó, advirtiendo que estos señalamientos pueden escalar hasta instancias administrativas o incluso derivar en ceses.
Pérez López recordó que existen antecedentes graves en el estado, como el caso de docentes que han sido privados de la libertad de manera indebida, por lo que la iniciativa busca establecer responsabilidades claras para todas las partes.
“Que la gente sepa que no puede hacerlo de manera impune. Que los maestros sepamos que no podemos actuar de manera impune también. Que puede haber una sanción”.
Este llamado se suma a la petición formal del año pasado de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que solicitó al Congreso del Estado la creación de un marco legal que proteja a maestras y maestros ante denuncias infundadas, sin menoscabo del derecho legítimo a denunciar conductas indebidas, en un contexto marcado —según el propio sindicato— por estrés, ansiedad, violencia verbal y falta de protocolos claros en las escuelas.
La iniciativa en cuestión fue presentada el 5 de septiembre de 2025 por la entonces diputada Martha Patricia Aradillas, en conjunto con el secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, y fue turnada a las comisiones Primera de Justicia, con opinión de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como de Régimen Interno y Asuntos Electorales. A la fecha, el proyecto permanece sin ser votado.
