Por Victoriano Martínez
De acuerdo con el Almanaque de Estadísticas Globales de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 254 sujetos obligados en el estado cerró el 2025 en un 74.7 por ciento, muy por debajo del 90 por ciento que el organismo fijó como reprobatorio.
Se trata de un dato que cada mes aparece en ese apartado del sitio Web de la CEGAIP que muestra el grado en el que los servidores públicos incumplen la Ley de Transparencia en una proporción que el propio organismo garante reprueba.
Durante 2025, el mes que mayor porcentaje de cumplimiento se reporta en la consulta que se realizó este 25 de enero es febrero con el 81.04 por ciento, 8.96 puntos por debajo de la calificación de 90 por ciento que la propia CEGAIP determinó como mínima aprobatoria.
El dato lo difunde la propia CEGAIP en su sitio Web. Se genera de manera automática como un servicio puesto en operación por el área de sistemas del organismo a partir de la información que se carga en la Plataforma Estatal de Transparencia.
El hecho de que aparezca en el sitio Web de la CEGAIP hace pensar que se trata de un instrumento de verificación del que echarían mano los comisionados para vigilar y requerir el cumplimiento de esas obligaciones como establece la fracción XXV del artículo 34 de la Ley de Transparencia.
Ante la constante calificación reprobatoria global, ¿cuántos exhortos, pronunciamientos o llamados por parte de los comisionados de la CEGAIP a los sujetos obligados para que cumplan con la Ley se han hecho públicos? Ninguno.
¿Cuántos exhortos se han hecho a sujetos obligados en lo específico para que cumplan a cabalidad con sus obligaciones de transparencia? Ninguno.
La CEGAIP tiene en su portal web un apartado de “Exhortos” en el que sólo aparecen tres, todos de 2021, relacionados con fallas en las respuestas a solicitudes de información. Ninguno sobre el incumplimiento de las obligaciones de transparencia.
Si los comisionados José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales (hoy sólo dos por violación a la Ley por parte del Congreso del Estado) no le dan ninguna utilidad a ese dato, una de dos: (1) no tienen ninguna voluntad en cumplir con lo que les ordena la ley o (2) no tienen ni idea de lo que se publica en su propio sitio Web.
Ambas posibilidades los muestran con tal grado de negligencia (que sumada a otras muchas actitudes en el cargo) que los descalifica como garantes del derecho de acceso a la información pública.
La difusión por parte de la propia CEGAIP de datos sobre el incumplimiento en las obligaciones de transparencia sería una buena señal sobre su preocupación por lograr mejorar la rendición de cuentas por esa vía, de no ser por la actitud negligente de Navarro Alviso y García Nales.
La responsabilidad de los sujetos obligados por el nivel de opacidad en las obligaciones de transparencia tiene en quienes deberían obligarlos a cumplir el principal aliado.
