Por Victoriano Martínez
El maltrato presupuestal que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona hace al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) no es ninguna novedad, pero que lo haga después de que los consejeros se prestaron para hacerle el trabajo sucio con la Ley Gobernadora finalmente frustrada reafirma el grado de sumisión del organismo electoral.
Desde el mes de octubre, el CEEPAC aprobó su proyecto de presupuesto para 2026 en el que se contemplaron 93 millones 253 mil 86.92 pesos para gasto corriente.
El episodio de la reforma constitucional finalmente vetada que dejó mal parado al organismo electoral y su papel como árbitro pareció abrir la esperanza de que por primera vez el actual Ejecutivo tomaría en cuenta la propuesta presupuestal del CEEPAC, pero no fue así. Aunque la reducción fue menor a la del año anterior.
De los 93 millones 253 mil 86.92 pesos para gasto corriente propuestos por los consejeros electorales, finalmente el Congreso del Estado les aprobó 74 millones 680 mil 816 pesos, una reducción de 18 millones 572 mil 270.92 pesos que representan un 19.92 por ciento.
Para el presupuesto de 2025, la reducción que enfrentó el CEEPAC a su propuesta fue del 28.07 por ciento. ¿El servilismo con su iniciativa de reforma constitucional que también se conoció como Ley Ruth les sirvió para que este año el maltrato presupuestal fuera un poquito menos?
No necesariamente. El caso de la propuesta presupuestal para el inicio del proceso electoral 2026-2027 vuelve a ser indicador del poco respeto que se le tiene al CEEPAC como organismo especializado en materia electoral: estimó que se requerían 77 millones 938 mil 377.21 pesos para arrancar el proceso electoral y le autorizaron sólo 25 millones.
La reducción es del 67.92 por ciento. Es decir, los consideran tan malos para calcular cuánto dinero se requiere para realizar sus actividades relacionadas con el proceso electoral, que los obligan a hacerlas con menos de la tercera parte.
Lejos de defender y reclamar las mejores condiciones para que no se afecte la realización del proceso electoral según su estimación presupuestal, este miércoles 28 (más de un mes después de conocer le restricción presupuestal que les impusieron) el dócil CEEPAC aprobó la adecuación presupuestal para ajustarse a lo que les autorizaron.
¿Qué repercusiones tiene el hecho de que dejen de contar con 52 millones 938 mil 377.21 pesos en que se logre que en el arranque del proceso electoral se den las condiciones para que se garanticen los principios democráticos que deben garantizar como árbitro electoral?
Ni lo mencionan en el acuerdo de la primera adecuación presupuestal y seguramente ni siquiera han considerado, no sólo hacer las consideraciones sobre esos riesgos, sino para tomar las previsiones para evitar los efectos negativos.
¿Para qué si ya hace tiempo que dejaron de actuar como árbitro electoral que defiende en interés de la ciudadanía y son un organismo sometido a lo que disponga Gallardo Cardona? El plebiscito sobre la municipalización de Villa de Pozos, le elección 2024, la elección judicial, la Ley Gobernadora… ¿cuántos más casos lo confirmarán?
