Fernanda Durán
Cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que buscará “endurecer” el castigo contra la extorsión y equipararlo con los llamados delitos de alto impacto, no estaba proponiendo una política pública: estaba anunciando algo que ya no está en sus manos. Y tampoco en las del Congreso de San Luis Potosí.
La extorsión dejó de ser un delito cuya definición, sanción y estructura jurídica puedan decidirse desde los estados. Esto no ocurrió por voluntad local, sino por una reforma constitucional federal que modificó el artículo 73, fracción XXI, inciso a), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, el Congreso de la Unión asumió la facultad exclusiva para expedir leyes generales que establezcan los tipos penales y sanciones mínimas en materias como secuestro, desaparición forzada, trata, tortura y, ahora, extorsión.
El decreto ordenó al Congreso de la Unión expedir una ley general en un plazo máximo de 180 días. Y esa ley llegó pronto: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada el 28 de noviembre de 2025. Con ello, la extorsión dejó de ser un delito “local” en sentido sustantivo.
Desde entonces, los congresos estatales ya no pueden definir el delito, modificar sus penas, crear agravantes ni equipararlo con otros ilícitos. Lo único que pueden hacer es armonizar su legislación, adecuar sus instituciones y ejecutar lo que marca la ley nacional.
San Luis Potosí lo hizo —al menos en el papel—. El 13 de enero de 2026, el Periódico Oficial del Estado publicó el Decreto 0445, mediante el cual la LXIV Legislatura reformó los artículos 230 y 231 del Código Penal y derogó el 231 Bis. El nuevo texto no deja margen a interpretaciones:
“El delito de extorsión, sus agravantes, sanciones y todo el proceso penal se rigen por la Ley General…”.
Es decir, el propio Congreso local reconoció que ya no tiene facultad para legislar en la materia. Se limitó a remitir al marco federal y a regular únicamente aspectos operativos: centros de atención, estrategias estatales, unidades especializadas, inhibición de comunicaciones en penales y responsabilidades administrativas.
Aun cuando el Congreso local reconoció formalmente que ya no tiene facultad para definir el delito de extorsión, la reforma impulsada por el diputado morenista Carlos Arreola no deja de ser una armonización tardía, reactiva y políticamente decorativa.
El decreto no crea herramientas nuevas para combatir el delito ni corrige fallas estructurales en la investigación, sino que se limita a trasladar al papel local lo que ya estaba vigente a nivel federal, sin discutir recursos, capacidades reales ni mecanismos de evaluación.
En lugar de abrir un debate serio sobre cómo se combate la extorsión en San Luis Potosí, la reforma terminó funcionando como un gesto simbólico que permite a los actores políticos colgarse una medalla sin asumir los costos reales de su implementación.
Entonces, ¿qué significa que el gobernador anuncie ahora que quiere “elevar sanciones” o “equiparar” la extorsión a otros delitos? Significa, en el mejor de los casos, desconocimiento del nuevo orden constitucional. Y en el peor, simulación política.
La narrativa no es nueva. El Partido Verde Ecologista de México ha construido una identidad basada en la promesa de castigo: más delitos, más penas, más prisión, no importa si es viable, constitucional o eficaz; importa que suene fuerte, importa que parezca control. Pero esta lógica ya fue advertida —y sancionada— por la Suprema Corte.
En 2024, el Pleno de la SCJN invalidó una reforma al Código Penal de San Luis Potosí que incrementaba penas por encubrimiento en casos de secuestro y desaparición forzada. La razón fue clara: el Congreso local invadió la competencia exclusiva del Congreso de la Unión, que ya había legislado esas materias mediante leyes generales. La sentencia, derivada de la acción de inconstitucionalidad 204/2023, tuvo efectos retroactivos.
Ese mismo año, la Corte invalidó reformas en San Luis Potosí por invadir facultades federales en tortura, al definir el delito en una ley estatal pese a que ya existía una ley general. Lo mismo ocurrió con normas sobre trata de personas y desaparición forzada, donde se pretendió aplicar supletoriamente leyes federales sin tener facultades para hacerlo.
En 2023, la Corte también anuló disposiciones de la Ley en Materia de Desaparición Forzada del estado, al considerar que la entidad no podía establecer reglas de supletoriedad ni modificar el régimen de sanciones previsto en la Ley General. En todos los casos, el mensaje fue el mismo: cuando existe Ley General, los estados no pueden legislar el núcleo del delito.
Y aun así, vuelven a hablar como si pudieran hacerlo.
No se trata de estar a favor o en contra de penas más altas. Se trata de algo más básico: respetar el orden constitucional. La extorsión hoy se combate con coordinación, inteligencia, prevención y persecución eficaz. No con discursos que prometen castigos que ya no pueden decretarse desde lo local.
Cuando el gobernador promete endurecer algo que jurídicamente ya no puede tocar, no está proponiendo soluciones. Está vendiendo una ilusión de control.
Y esa ilusión, en un delito que golpea hogares, negocios y comunidades, es una forma más de irresponsabilidad política.
Y ya que estamos…
Como si hiciera falta otra prueba de que la política también tiene relaciones tóxicas, este miércoles Morena, el PT y el Verde volvieron a ‘refrendar su alianza’, apenas horas después de que el gobernador y sus diputados acusaran a Morena de ‘empezar con el pie izquierdo’ la reforma electoral.
Es el mismo guion de siempre: el Verde reclama que no lo toman en cuenta, Morena jura que ellos llevan el mando, se lanzan indirectas en la prensa y, al final, posan para la foto de la unidad. Pero no nos engañemos, no es amor, es un cálculo de supervivencia para 2027. Se necesitan para los votos, pero se estorban en el poder; mientras ellos se desgastan en este juego de ‘vencidas’ y fotos de reconciliación, los problemas siguen en el asiento de atrás.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente se desempeña como reportera en Astrolabio Diario Digital y ha colaborado en El Sol de San Luis, donde fue jefa de información. Su trabajo se enfoca en la cobertura de temas políticos, judiciales y derechos humanos, con experiencia en medios digitales e impresos.
