María Ruiz
El cobro por el trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en San Luis Potosí no solo representa una barrera económica, sino que profundiza la exclusión social, limita el acceso a derechos básicos y expone a las personas trans y no binarias a mayores situaciones de violencia y discriminación, denunciaron colectivas durante una rueda de prensa.
Las organizaciones advirtieron que la imposición de un pago de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para la modificación de datos personales en las actas del Registro Civil impacta directamente en la vida cotidiana de las personas trans, particularmente en contextos donde la precarización laboral y la discriminación estructural son constantes.
“Para muchas personas trans, pagar este trámite implica decidir entre comer o tener un documento que respalde su identidad”, señalaron integrantes de la colectiva Todes Trans.
Explicaron que una parte significativa de esta población vive al día, sin acceso a empleos formales ni ingresos estables, lo que convierte el cobro en un obstáculo prácticamente insuperable.
Durante la conferencia se subrayó que la falta de documentos que coincidan con la identidad autopercibida genera situaciones de riesgo en espacios laborales, bancarios, educativos y de salud.
“Cuando nuestros documentos no coinciden con nuestra expresión o lectura corporal, se abren espacios de violencia, burlas, negación de servicios y trato indigno”, expusieron.
Las colectivas también alertaron sobre el impacto diferenciado en mujeres trans dedicadas al trabajo sexual y en personas que viven fuera de la capital del estado. En estos casos, el trámite no solo implica el pago administrativo, sino gastos adicionales por traslados, múltiples visitas al Registro Civil y pérdida de ingresos diarios.
“No es venir una sola vez; muchas personas tienen que venir dos o tres ocasiones, y eso multiplica los costos”, señalaron.
Además del aspecto económico, denunciaron prácticas de violencia institucional durante el proceso. Una de las personas que recientemente realizó el trámite reportó haber sido sometida a retrasos injustificados y malos tratos por parte del personal del Registro Civil.
Las colectivas advirtieron que el cobro, sumado a la falta de protocolos claros, abre la puerta a la discrecionalidad y a la aplicación desigual del derecho. Otro de los puntos señalados fue el impacto en la salud mental.
“No contar con documentos acordes a nuestra identidad afecta nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad y nuestra posibilidad de vivir sin miedo en espacios públicos e institucionales”, expresaron.
En el caso de personas no binarias, mencionaron que la falta de adecuación de sistemas administrativos —como el uso del marcador “X” de género— continúa generando problemas en bancos y otras instituciones.
Las organizaciones recordaron que el acceso a documentos como el acta de nacimiento, la CURP, el INE o el RFC es indispensable para acceder a trabajo formal, seguridad social, educación y vivienda.
“El Estado nos exige pertenecer a su sistema, pero nos pone barreras para poder hacerlo”, reclamaron.
Hasta el momento, al menos 11 personas han tenido que pagar el trámite en la capital potosina, cifra que corresponde a casos acumulados en aproximadamente un año, aunque el cobro comenzó a aplicarse de manera formal en fechas recientes tras una actualización administrativa.
Las colectivas informaron que se encuentran en proceso de análisis con organizaciones de litigio estratégico para evaluar acciones legales, sin descartar el diálogo con autoridades estatales. No obstante, insistieron en que cualquier solución debe garantizar el acceso pleno y gratuito al reconocimiento legal de la identidad de género.
“Esto no es un privilegio ni un favor. Es un derecho humano básico”, afirmaron. “Mientras se nos cobre por existir legalmente, se nos sigue negando una vida digna”.
Las organizaciones reiteraron que el reconocimiento legal de la identidad de género no puede quedarse en el plano simbólico y exigieron la eliminación inmediata de barreras económicas y administrativas.
“La identidad no se cobra y los derechos no se condicionan”, concluyeron.
