Desiree Madrid
A pesar de que el reciente aumento a la tarifa del transporte público en San Luis Potosí fue justificado bajo el argumento de mejoras al servicio, la información oficial disponible no permite conocer uno de los indicadores básicos de calidad: los años de uso del parque vehicular.
Como parte del seguimiento al tema, el colectivo Pedaleando SLP solicitó información a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, con el objetivo de conocer el estado operativo del sistema de transporte urbano. La respuesta oficial confirmó que existen mil 202 unidades con autorización vigente, de las cuales mil 27 están en operación, mientras que 175 permanecen fuera de servicio, sin que se expliquen las causas de su inactividad.
Sin embargo, la respuesta omitió por completo la antigüedad de las unidades en circulación, un dato central para evaluar las condiciones de seguridad, accesibilidad, emisiones contaminantes y comodidad del servicio. La ausencia de esta información impide saber si los camiones cumplen con estándares mínimos de vida útil o si el sistema opera con unidades que ya deberían haber sido renovadas.
Este vacío resulta especialmente relevante si se considera que la propia normativa en materia de transporte establece criterios sobre la edad máxima permitida para las unidades.
De acuerdo con el inciso “a”, fracción II del artículo 67 de la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí, las unidades de transporte del servicio urbano colectivo, no deben tener más de diez años de antigüedad.
Pese a ello, la autoridad no transparentó si las unidades en operación cumplen con este parámetros, ni si existe un programa de sustitución o chatarrización activo. Tampoco se informó cuántos camiones superan los años marcados por la norma ni bajo qué criterios se autoriza que continúen circulando, aún cuando el costo del pasaje aumentó para las personas usuarias.
La SCT sí reportó que el 91 por ciento de las unidades cuenta con georreferenciación y control de velocidad, y que el 80 por ciento tiene cámaras de videograbación. No obstante, estos porcentajes no compensan la falta de información estructural sobre el estado físico y la antigüedad de los vehículos, elementos que inciden directamente en fallas mecánicas, retrasos y riesgos para quienes utilizan el transporte público a diario.
A la omisión sobre la edad de las unidades se suman otras carencias ya señaladas en solicitudes previas: no se entregaron horarios ni frecuencias oficiales por ruta, no se compartieron manuales de supervisión ni documentos que regulen la operación cotidiana del sistema, y tampoco se informó si existe una programación diferenciada para grupos prioritarios como personas adultas mayores o con discapacidad.
Para Pedaleando SLP, el problema no es únicamente la falta de respuesta a una solicitud específica, sino el patrón que se configura en torno al aumento tarifario: decisiones que impactan directamente en el bolsillo de la ciudadanía se toman sin que exista información pública suficiente para evaluar si el servicio cumple con lo que la ley y la propia autoridad exigen.
La antigüedad del parque vehicular no es un dato menor ni técnico: es un indicador que permite medir el rezago o la modernización del transporte público. Sin esa información, cualquier argumento sobre mejoras al servicio queda incompleto y difícilmente verificable, lo que debilita la confianza pública en las decisiones tomadas.
A varios días del ajuste tarifario, el tema sigue abierto. El incremento al pasaje ya se refleja en el gasto cotidiano de miles de personas, pero las condiciones reales del transporte público —particularmente la edad de los camiones que circulan— permanecen fuera del escrutinio público. Mientras esa información no se transparente, el debate sobre el transporte en San Luis Potosí seguirá marcado más por dudas que por certezas.
