Por Victoriano Martínez
Cuando el Congreso del Estado aprobó el 11 de diciembre el Presupuesto de Egresos 2026 y estableció en el artículo quinto transitorio que la Fiscalía General del Estado deberá destinar este año 4 millones 696 mil 305 pesos para la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, parecía que al fin se reforzarían las acciones de búsqueda.
Cuando 54 días después, la diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de la Comisión Primera de Justicia, pretexta que no se ha concluido el dictamen que crea la Fiscalía especializada con el argumento de que “nos faltaba la parte del presupuesto, que también ya se aprobó ahora en enero”, exhibió lo poco que se puede tomar en serio a los diputados.
Cuando la Fiscalía Especializada en desapariciones está contemplada en la Ley General de la materia desde 2017 y se supone que desde entonces debió crearse en el Estado, queda clara la dimensión de la irresponsabilidad de los diputados y el gobierno estatal y el tamaño de la deuda con los familiares de los desaparecidos.
Cuando existe el antecedente de la destitución de Leobardo Aguilar Orihuela, como Estatal de Búsqueda de Personas, también sin tomar en cuenta a las víctimas secundarias de las desapariciones, a pesar de la buena coordinación que había logrado con los colectivos buscadores, el desinterés gubernamental por las búsquedas se configura como política.
Cuando los hallazgos de fosas clandestinas los realizan colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros, pero se los apropia la Fiscalía General del Estado (FGE) para “procesar” los sitios sin que a partir de ahí se avance en la identificación de los cuerpos, el desinterés gubernamental se transforma en bloqueo a la dolorosa labor de quien busca a su familiar desaparecido.
Cuando la FGE poco les informa a los colectivos de buscadoras sobre los resultados de las investigaciones en los 25 campos de exterminio que ellas han localizado, resulta más que evidente el poco respeto y la falta total de compromiso con garantizar a las victimas secundarias su derecho a la verdad, y el incumplimiento de sus obligaciones.
Cuando las madres buscadoras se ven obligadas a recurrir a los presidentes municipales entre quienes encuentran a algunos con empatía y las apoyan hasta con gasolina para poder realizar sus recorridos de búsqueda, queda expuesto un aparato burocrático que las obstaculiza y lo poco que las apoya se da como favor cuando es una obligación.
Cuando, sin motivo la Fiscalía General del Estado destituye a la titular de la Unidad para la Atención de Personas Desaparecidas que se ha caracterizado por apoyar a los colectivos de buscadoras, sin tomar en cuenta a las principales perjudicadas, se acumulan señales del poco interés en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona por atender la crisis de desapariciones en el Estado.
Cuando las madres buscadoras se ven obligadas a realizar un plantón permanente para exigir una explicación y como respuesta sólo pueden reportar que “nos están ocultando información, no nos dan respuesta, solo nos intimidan y nos violentan”, no queda duda de que enfrentan una revictimización institucional sin límites.
¡Y pensar que el artículo quinto transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado 2026 pudo ser una señal de que este año se fortalecería la búsqueda de personas desaparecidas! Ni aunque lo pongan por escrito en un decreto se les puede creer. Con sus actos convierten esa disposición en una burla.
