Desiree Madrid
Después de más de once años de retrasos, omisiones y recursos legales que impidieron llegar a una resolución, familiares de las víctimas del feminicida de Tamuín enfrentaron nuevamente al acusado durante la audiencia judicial en la que se desahogaron los alegatos como parte del proceso penal que se sigue contra el imputado.
El juicio, que permaneció estancado durante más de una década, representa para las familias una oportunidad de acceder a la justicia tras años de lucha contra la impunidad, luego de que finalmente se celebrarse la audiencia el día de ayer 4 de febrero en Ciudad Valles.
Durante la jornada, madres y padres de las víctimas escucharon al acusado alegar inocencia, lo que generó una fuerte carga emocional. Gloria, madre de Itzel, relató que durante años no existieron señales públicas que alertaran sobre la peligrosidad del agresor.
“Nunca se escucharon de él, no. Nosotros, ahora sí, por creencia católica, pues decíamos que era una persona de la iglesia”, expresó, al explicar que en su entorno se le percibía como alguien cercano a actividades religiosas.
Gloria explicó que ella no tuvo trato directo con el sujeto, ya que su hija vivía con su abuela, quien era la encargada de llevarla a la iglesia. “Yo no lo conocí”, señaló, además de señalar que su madre era quien acompañaba a la menor a actividades religiosas, lo que reforzaba la confianza que existía en ese contexto comunitario.
Esa percepción, dijo, se derrumbó conforme avanzó el proceso judicial y se conocieron los hechos.
Al referirse al momento en que escuchó al acusado proclamarse inocente, la madre de Itzel describió la mezcla de emociones que enfrentó.
“Muchas cosas. Pasaron muchas cosas. La impotencia de querer hablar y no poder hacerlo”, expresó.
Detalló que decidió mantenerse en silencio para evitar que el juicio se suspendiera nuevamente, pues sabe que cualquier interrupción podría significar más retrasos en un proceso que ya ha requerido “mucha fuerza” para las familias
La exigencia central, reiteró, es una sentencia ejemplar. “Confían que reciba una sentencia fuerte. Así es. La pena máxima, porque no solo fue mi hija, fueron más víctimas”, afirmó.
Gloria recordó que su hija tenía sueños y aspiraciones truncadas por el crimen. “Mi hija quería ser policía… quería estudiar una profesión”, además de disfrutar actividades cotidianas como hacer pulseras y escuchar música.
La madre de Itzel relató que mantenía una comunicación constante con su hija pese a la distancia.
“Yo todos los días platicaba con ella. Todos los días hablábamos por teléfono”, dijo, además de que la visitaba cada ocho o quince días cuando descansaba de su trabajo.
Señaló que su hija estaba especialmente emocionada porque se preparaba para hacer su primera comunión, ya que “a ella le gustaba mucho ir a la iglesia” y acompañaba siempre a su abuela en rosarios y otras actividades religiosas.
Ruth Rivera, madre de Eliohenai, acompañó a las demás familias durante la audiencia. Fue ella quien confirmó que el acusado había residido en Ciudad Juárez, un dato que ha generado inquietud entre los familiares, aunque durante la entrevista se dejó claro que no existen elementos suficientes para establecer una relación directa con otros hechos, ni forman parte de este proceso judicial.
Las familias cuentan con el acompañamiento del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social. Su directora, Carla Michelle Salas Ramírez, explicó que el caso de Tamuín refleja un patrón recurrente en los feminicidios en México: la impunidad, “los caminos para lograr acceder a la justicia son sumamente complejos, terribles para las víctimas”, así como la falta de recursos económicos, la negligencia institucional y el desinterés de autoridades judiciales.
No obstante, la activista subrayó que este proceso representa una posibilidad de esperanza para otras familias.
“El hecho de que por más de una década las familias no hayan desistido y continúen tocando puertas, pues por supuesto que es un símbolo de esperanza para muchas madres y padres en este país”, sostuvo.
También señaló que el acusado mostró una actitud provocadora durante la audiencia, con risas y gestos que buscaban generar reacciones y entorpecer el desarrollo del juicio.
Guadalupe Chávez, padre de Eliohenai, ha acompañado el proceso junto con las demás familias, quienes coincidieron en que existieron graves omisiones desde el inicio del caso, pues tras la desaparición de la primera víctima, las autoridades no actuaron con la debida diligencia y revictimizaron a las familias al sugerir que las jóvenes se habían ido voluntariamente.
La audiencia y el proceso judicial en curso corresponden únicamente a tres cargos por feminicidio, relacionados con los casos de Itzel, Dulce y Eliohenai, cuyos familiares al igual que los de Adriana y Rosa, han sostenido la exigencia de justicia durante más de once años.
Aunque durante el juicio se han mencionado antecedentes del acusado en otros estados, estos no forman parte de los hechos juzgados en este procedimiento.
Al cierre de la audiencia, se informó que la jueza se comprometió a emitir la resolución bajo el sistema penal anterior y a notificarla directamente a las familias. De acuerdo con lo expuesto en el proceso, se prevé que en un plazo aproximado de 15 días se fije la sentencia.
Tras más de una década de espera, madres y padres de las víctimas mantienen la exigencia de justicia plena y de que el caso sea juzgado con perspectiva de género.
