Por Victoriano Martínez
“A nosotros nos presentaron un proyecto en donde se estuvo revisando el impacto ambiental”, dijo Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) para justificar que la ampliación del parque acuático Splash en el Parque Tangamanga I cuenta con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para realizarse.
No es la primera vez que Mendoza Díaz, oficiosa o por instrucciones recibidas, le hace el juego al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para respaldar alguno de sus anuncios sobre caprichosas o fantasiosas acciones.
La Sierra de San Miguelito aún espera la llegada del millón de árboles son los que Gallardo Cardona anunció que la reforestaría y que Mendoza Díaz intentó hacer pasar una reunión con Angélica Montañez Rivera, representante de SEMARNAT. como actividades preparatorias para tan magna acción ecologista. Fue desmentida.
La MIA que asegura Mendoza Díaz haber aprobado para que se talen cientos, o quizá miles de árboles, dentro del Parque Tangamanga I debe contar con tal argumentación que, por ejemplo, no tendría por qué dejar la más mínima duda de que se trata de una acción que no afecta al medio ambiente.
Tan es así, que Gallardo Cardona se atrevió a hacer una transmisión en vivo vía Facebook en la que presumió los cambios que se darían en esos terrenos, aunque más bien pareció ser una exhibición cínica de todos los árboles que por su capricho habrán de desaparecer.
El problema es que la MIA que Mendoza Díaz dice haber aprobado no cumple con los requisitos del procedimiento que la Ley Ambiental del Estado establece, lo que se puede afirmar por una sencilla razón: el trámite tendría que haber dejado huellas públicas. No existen.
El artículo 117 de la Ley señala que el “procedimiento de evaluación del impacto ambiental se inicia mediante la presentación del documento denominado manifestación de impacto ambiental”.
El artículo 125 ordena que la SEGAM deberá integrar “dentro de los cinco días hábiles siguientes, el expediente respectivo, que pondrá a disposición del público, con el fin de que pueda ser consultado por cualquier persona”.
Primera evidencia del incumplimiento del procedimiento legal, a menos que Mendoza Díaz demuestre la forma en que puso a disposición de cualquier persona ese expediente. La propia Ley, en ese mismo artículo, le da la alternativa para su cumplimiento:
“Para tal efecto, la Secretaría deberá publicar en medios electrónicos, el listado de las manifestaciones de impacto ambiental recibidas para su evaluación y dictamen respectivo”.
En el sitio Web de la SEGAM no aparece la MIA sobre el proyecto en el Tangamanga I, lo que revela un incumplimiento mayor a la Ley: tampoco aparece “el listado de las manifestaciones de impacto ambiental recibidas para su evaluación y dictamen respectivo”. Cualquier MIA que haya emitido la SEGAM, si lo ha hecho, viola la ley.
Otro detalle que, aunque no es de difusión pública, es que, tanto en el artículo 125 como en el 127 BIS, se establece que debe dar parte al Ayuntamiento del municipio donde se encuentre la obra para que manifieste su opinión.
Un detalle que bien se puede solventar con la presentación pública del envío al Ayuntamiento de la capital y la respuesta respectiva.
La organización Cambio de Ruta ha denunciado que se pretende realizar el proyecto sin estudios ambientales, sin inventario forestal y sin escuchar a la ciudadanía.
Ese tercer punto, la consulta ciudadana, fue obstruido e imposibilitado por el incumplimiento al artículo 125: si no se pudo conocer el expediente, nadie podía solicitar que se abriera la consulta como lo establece el artículo 126 que faculta a cualquier persona a solicitarla.
Si el proyecto cumple con los estudios ambientales, el inventario forestal y la consulta ciudadana, además del cumplimiento del trámite de la MIA y su procedimiento ante la SEGAM, es tan fácil que lo demuestren con la exhibición pública de toda la documentación respectiva (que mucha ya tendría que estar publicada por ley)… a menos de que no exista.
En tal caso, lo único que exhibirán es una confirmación más de que se trata de un gobierno que prefiere actuar en la ilegalidad.
