Desiree Madrid
La discusión sobre la eventual reforma electoral en San Luis Potosí volvió a colocarse en la agenda pública a partir de cuestionamientos sobre la aplicación de la paridad de género en candidaturas municipales, en un contexto marcado por el caso del presidente municipal de Venado, José Reyes, quien fue registrado y electo bajo la acción afirmativa destinada a mujeres, tras manifestar ante las autoridades electorales identificarse como mujer, pese a ser hombre.
El caso de Venado ha sido uno de los más visibles en el debate sobre los alcances de la paridad. José Reyes fue postulado por el Partido Verde Ecologista de México en un municipio donde, conforme a los criterios de paridad, correspondía registrar a una mujer. Durante el proceso electoral, el entonces candidato declaró ante la autoridad electoral identificarse como mujer, lo que permitió su inscripción bajo esa categoría y su posterior participación en la contienda.
Tras resultar ganador y asumir la presidencia municipal, la situación volvió a generar controversia pública debido a que el propio alcalde se ha mostrado inconforme cuando se le refiere como “alcaldesa”, pese a que así fue registrado, electo y reconocido legalmente. Aunque el procedimiento no fue declarado ilegal por las instancias electorales, el caso evidenció vacíos normativos en la legislación vigente sobre acciones afirmativas y paridad de género.
En este contexto, el gobernador del estado, José Ricardo Gallardo Cardona, fue cuestionado sobre la necesidad de establecer candados específicos en la reforma electoral para evitar escenarios similares.
En su respuesta, el mandatario evitó centrar el debate en el caso concreto de Venado y sostuvo que la discusión no debe enfocarse en si se trata de una alcaldesa o un alcalde.
“No es un tema de alcaldesa o alcalde, sino más bien aquí se trata de que todos tengan una oportunidad para poder competir de una u de otra manera”, expresó.
Gallardo Cardona afirmó que la reforma electoral no debe construirse a partir de casos particulares ni con el objetivo de acotar a personas específicas.
“El tema no es un tema que se busque ni a un personaje ni a otro. Se trata que se haga una política electoral de acorde a lo que se ocupa en su momento”, señaló, al referirse a la necesidad de ajustes en la normativa electoral.
El gobernador recordó además que recientemente el Ejecutivo estatal aplicó un veto en materia electoral para permitir una mayor apertura en la competencia por la gubernatura, decisión que, dijo, también incide en la conformación de perfiles rumbo a las presidencias municipales.
Desde su perspectiva, este tipo de medidas buscan ampliar la participación política y no restringirla.
Sin embargo, el mandatario desplazó el énfasis del debate hacia la revisión de los perfiles que buscan cargos públicos, por lo cual consideró que una reforma electoral debería priorizar mecanismos para evitar que personas sin controles mínimos lleguen a gobernar municipios.
“Yo más bien iría por un tema de cuidar que los perfiles que vayan a contender en las presidencias municipales pues de rato no se conviertan en criminales”, declaró.
Finalmente, planteó que una reforma más amplia podría incluir exámenes de control y confianza, como pruebas toxicológicas, para quienes aspiren a cargos de elección popular. Aunque reconoció que en San Luis Potosí no se presentan actualmente escenarios críticos como en otras entidades del país, sostuvo que el debate debe servir para fortalecer los filtros institucionales.
