Abelardo Medellín
Para nadie es sorpresa que las y los diputados potosinos tengan problemas para atender sus responsabilidades con la ciudadanía, y aún menos novedoso es que la lógica detrás de sus decisiones atienda primero el interés económico, antes que el interés común.
Esta semana, el diputado presidente de la Jucopo e integrante del grupo parlamentario del PVEM, Héctor Serrano Cortés, afirmó que el Congreso buscaría que fuera el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) el que se encargara de realizar las consultas ciudadanas que ahora mismo el Legislativo está obligado a realizar, y además se pretende otorgar una nueva atribución a dicho órgano electoral para que sea el Consejo quien realice las consultas futuras.
El anuncio cristalizó sus pretensiones con una reunión el pasado jueves, en la que el OPLE y el Congreso afirmaron que ya trabajan en los acuerdos legales para que sea el CEEPAC el encargado de las consultas que ahora adeuda el Legislativo.
La propuesta es lógica. Operativa y administrativamente resulta preferible que sea un órgano electoral y de participación ciudadana el que se encargue de realizar consultas, sobre todo tras una reciente historia de fracasos estatales en la que la participación ciudadana es ignorada o meramente simulada.
Resulta pertinente entonces que un poder del Estado prefiera aprovechar la infraestructura, conocimiento, experiencia y profesionalismo de un órgano que se encarga de gestionar esta participación, no sólo en ejercicios como el del plebiscito de Villa de Pozos, sino también cada trienio en elecciones locales.
Sin embargo, resulta difícil extender un voto de confianza a esta necesaria iniciativa, en tanto que durante los últimos años las administraciones del Ejecutivo y el Legislativo han puesto al CEEPAC en una desventaja que ha mermado su capacidad operativa.
Año con año, el Consejo recibe menos recursos de los que solicita para funcionar a cabalidad; el organismo tiene que navegar a contracorriente, pues además de obtener menos de lo que requiere, la omisión de pago se ha convertido en la norma dentro de su relación con el Ejecutivo; adicionalmente, estos adeudos y presupuestos poquiteros han relucido nacionalmente por ser de las peores condiciones en las que un gobierno estatal mantiene a un OPLE.
El diputado Serrano no miente cuando dice que el problema es de dinero, pero el derroche disfuncional de sus intentos de consulta (la causa) no debería ser la única razón para deslindarse de un trabajo mal hecho y pretender buscar un nuevo chivo expiatorio que cargue la culpa de descalabros futuros.
El Congreso se cansó de ser señalado con el dedo por su incapacidad de incluir a la ciudadanía en procesos de toma de decisión y pretende ahora darle una nueva responsabilidad a un organismo que tanto el Legislativo como el Ejecutivo han ninguneado en múltiples ocasiones.
Cuando el diputado dice públicamente que la mayor ventaja de esta propuesta es el ahorro que va a significar para el Congreso y el erario, nos revela que ahora tendremos procesos baratos en manos de un órgano que se las tendrá que arreglar como pueda. Los procesos de consulta baratos nunca son la solución.
Por supuesto que las consultas pueden costar millones de pesos; la queja de la ciudadanía que impugnó estos procesos no fue puntualmente el costo, fue que se ejecutaron mal y, por tanto, los resultados de dichos ejercicios no se tradujeron en la representación efectiva de los grupos interesados.
Sí, el CEEPAC debería organizar las consultas públicas que requieran los representantes estatales como parte de las reformas más necesarias; sin embargo, esto no debe considerarse una excusa para abaratar los procesos de participación, sino como una vía para fortalecerlos.
Mientras las razones para delegar la atribución de consulta del Legislativo respondan únicamente a la aritmética del gasto público y no a un compromiso por integrar verdaderamente a la ciudadanía en los espacios de toma de decisión, los resultados para la población seguirán en números rojos y el fracaso estará asegurado.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
