Por Victoriano Martínez
¿Qué les hace pensar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras que pueden cambiar el uso de suelo, destruir la flora y modificar el paisaje sin tener ninguna autorización ambiental para la construcción de un proyecto como el último tramo de la autopista de cuota de San Luis Potosí a Matehuala?
Los ejidatarios de El Peyote, La Tapona y Peotillos vivieron en carne propia la urgencia de Gallardo Cardona y la empresa con las presiones que vivieron durante meses para finalmente hacerlos ceder sus tierras al proyecto carretero a un precio ínfimo y sin los beneficios que demandaban como contraprestación.
En pleno periodo de resistencia, los ejidatarios fueron testigos de los alcances de la actitud abusiva de la mancuerna gobierno estatal-empresa concesionaria cuando en abril del año pasado descubrieron trabajos que pusieron en riesgo especies de cactáceas que se encuentran en el Área Natural Protegida (ANP) Reserva Estatal Real de Guadalcázar.
Un daño ecológico perpetrado aún sin contar con la aprobación de la asamblea ejidal para ocupar sus tierras y, una agravante más, sin siquiera haber tramitado la autorización de Manifestación Ambiental (MIA) ante la SEMARNAT que presentaron hasta el siguiente mes, el 11 de junio.
Hoy que ya cuentan con la compra de los derechos de ocupación previa, todo indica que la dupla de depredación ecológica se siente con la libertad de dañar el ecosistema, a pesar de que la MIA, sin la que no se puede intervenir con obras que puedan afectar el medio ambiente, fue suspendida desde el 28 de agosto del año pasado.
Tan se trata de una autorización que consideran, al menos Gallardo Cardona, sin ningún valor que él mismo ha publicado en su cuenta de Facebook presuntos avances en la construcción de la autopista.
Gallardo Cardona ha difundido imágenes que bien podrían no tratarse de obras en la autopista, pero las presenta como si lo fueran. Es decir, no le importa que carezca de autorización ambiental y no es el primer caso, lo mismo ocurrió con la construcción de la primera etapa de la Vía Alterna que tampoco cuenta con MIA.
En el caso de la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras, no ha hecho alarde de haber iniciado la construcción de la autopista, salvo el acto encabezado por Gallardo Cardona el pasado 10 de septiembre. No obstante, en los terrenos ejidales ha dejado huella de intervenciones con eventuales daños ecológicos sin esperar la autorización de la MIA, ya prácticamente desechada.
Si bien la asamblea ejidal de el Peyote autorizó la venta de sus terrenos, no todos los ejidatarios estuvieron de acuerdo justo por el temor de daños ambientales en su territorio. Una preocupación que los llevó a ser vigilantes de las acciones de la empresa y denunciar los daños detectados ante las autoridades ambientales.
El pasado 27 de enero la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) acudió a realizar una diligencia de inspección para verificar daños ambientales que le fueron reportados de manera anónima.
Aunque la PROFEPA no ha informado oficialmente sobre su inspección, un hecho es que desde El Peyote y algunos otros ejidos han seguido fluyendo imágenes de la destrucción que implica la remoción de flora y el cambio de uso de suelo ya no sólo a la PROFEPA, sino también a otras autoridades federales del sector ambiental y agrario.
Una serie de denuncias que podrían considerarse los últimos esfuerzos de la resistencia por parte de los ejidatarios que aún buscan la protección de su territorio que ahora llaman a que sean las autoridades federales las que demuestren su capacidad de cumplir con sus facultades de protección al ambiente y a los derechos de los ejidos.
¿Acaso la mancuerna Gallardo Cardona-empresa concesionaria piensan que pueden remover la flora y cambiar el uso de suelo sin ninguna autorización porque confían en la incapacidad de las autoridades federales para hacer cumplir la ley?
