Fernanda Durán
La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado espera avanzar en la legislación del padrón de deudores alimentarios durante el actual periodo legislativo, aunque antes prevé sostener una reunión con el Poder Judicial para analizar su viabilidad y aplicación, informó la diputada Gabriela López Torres.
La legisladora explicó que este registro, aunque existe, actualmente presenta múltiples limitaciones que impiden su funcionamiento efectivo, por lo que su iniciativa busca adecuarlo para que cumpla con su objetivo.
“Es mi objetivo que dentro de este periodo podamos adecuar esta iniciativa (…), pero no hemos logrado cómo aterrizarlo para que este padrón sea efectivo, sea público sobre todo, y por supuesto que esté funcionando como en los estados de Oaxaca”.
En ese sentido, advirtió que el padrón estatal se ha convertido en “un elefante blanco, algo que no funciona porque, aunque existe este padrón: uno, tarda muchísimo en la inscripción; dos, no es público; y tres, no hay una sanción que pueda derivar en hacer pagar la responsabilidad que tienen los deudores alimentarios”.
López Torres consideró que el tema de las pensiones alimentarias sigue siendo un asunto complejo que no ha registrado avances sustanciales, pues su cumplimiento no depende únicamente de las instituciones, ya que no se puede obligar a los padres a ejercer su paternidad.
“No nada más es el tema de pensiones alimentarias, habrá quien cumpla con esto, pero no ejerce una paternidad, habrá quien de plano no cumple en absolutamente nada”.
La diputada indicó que su propuesta retoma una iniciativa previa presentada por la exlegisladora Lidia Vargas, con el objetivo de fortalecer el padrón estatal y hacerlo público, como ocurre en otras entidades.
En particular, destacó el caso de Oaxaca, cuya legislación permite mantener un registro estatal accesible independientemente de la existencia del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Para ello, informó que solicitó formalmente una reunión con la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, con el fin de abordar tanto el padrón de deudores alimentarios como la próxima implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“Yo envié un oficio dirigido a la Presidenta del Supremo Tribunal, en donde justamente pido audiencia para poder tratar diversos temas, desde este tema de los padrones de deudores alimentarios (…) No he tenido respuesta, espero pronto tenerla”.
Finalmente, confió en que este encuentro permita avanzar en la coordinación institucional necesaria para fortalecer el padrón y garantizar su funcionamiento, al considerar que se trata de un tema prioritario en materia de justicia familiar.
El padrón estatal de deudores alimentarios en San Luis Potosí tuvo su origen en octubre de 2021, cuando la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández presentó una iniciativa para reformar el Código Familiar y crear este registro, proponiendo la inscripción de quienes adeudaran al menos 60 días de pensión o cuatro pagos en un periodo de dos años.
La medida fue aprobada por el Congreso en noviembre de 2022 y, aunque inicialmente se planteó que el Registro Civil lo administrara, finalmente la responsabilidad recayó en el Poder Judicial por limitaciones presupuestales. El padrón entró en vigor en febrero de 2023 y, para abril de ese mismo año, ya sumaba más de 500 personas registradas.
Posteriormente, en agosto de 2024, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial para vincularlo con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, y en febrero de 2025 se aprobaron nuevas disposiciones que establecieron la imprescriptibilidad y retroactividad del derecho a reclamar pensiones alimentarias no pagadas.
