Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibió este martes una iniciativa que busca reducir a cinco horas la jornada nocturna de las y los trabajadores de limpia y manejo de residuos, además de obligar a las empresas privadas que presten estos servicios a garantizar transporte seguro y equipo de protección como condición para contratar con el gobierno.
La propuesta fue presentada por la diputada priista Sara Rocha Medina, quien planteó reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y la Ley de Adquisiciones, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de quienes realizan labores de recolección y limpieza durante la madrugada.
De acuerdo con el documento, la iniciativa establece que, tratándose de personal cuya función sea la recolección, transporte y disposición final de residuos en jornada nocturna, el tiempo de trabajo diario no podrá exceder de cinco horas, sin que esta reducción afecte el salario ni las prestaciones de los trabajadores.
Actualmente, la legislación estatal contempla jornadas nocturnas de hasta seis horas para el personal al servicio de las instituciones públicas, por lo que la reforma plantea reducir este límite específicamente para quienes realizan labores de limpia, debido a los riesgos que enfrentan.
En la exposición de motivos, la legisladora argumenta que el personal de limpieza nocturna enfrenta condiciones de alta vulnerabilidad, al estar expuesto a riesgos biológicos por el manejo de residuos peligrosos y a accidentes viales durante la madrugada, además de afectaciones a la salud derivadas de la alteración del ritmo circadiano.
La iniciativa también propone modificar la Ley de Adquisiciones estatal para obligar a los proveedores privados que contraten servicios de limpieza, saneamiento o manejo de residuos con el gobierno, a implementar un “Protocolo de Dignificación Laboral Nocturna”.
Este protocolo deberá incluir una jornada máxima de cinco horas, el suministro de transporte seguro para el personal y la provisión de equipo de protección adecuado, como requisito obligatorio para poder celebrar contratos con las instituciones públicas.
En su propuesta precisa que, en el caso de trabajadores del sector público, el Estado sí tiene facultades para regular sus condiciones laborales, mientras que en el caso de empresas privadas, la medida no modifica la legislación federal del trabajo, sino que establece condiciones para quienes deseen prestar servicios al gobierno estatal.
La iniciativa fue turnada a la comisión del trabajo y previsión social para su análisis y eventual dictaminación.
