Por Victoriano Martínez
La aprobación por parte del Congreso del Estado de la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas у Desaparición Cometida por Particulares, es apenas un punto de partida de lo que debió iniciar hace ocho años y hoy pone a prueba la voluntad real para atender ese tema.
Se alardea que la nueva Fiscalía Especializada contará con 4 millones 696 mil 305 pesos, pero se omite señalar que no se trata de un presupuesto adicional con el que contará la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que se le ordena tomarlos de los mil 400 millones de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos 2026.
Ese detalle no tendría mayor problema de no ser porque a la FGE se le asignó un presupuesto exactamente igual en 2025. Es decir, con lo que el efecto inflacionario (3.69 por ciento) representa para la capacidad financiera de la dependencia, lo asignado para la nueva Fiscalía habrá de representar que se sacrifiquen económicamente otras áreas de la dependencia.
Las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado y a la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares, y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas abren la duda sobre hasta donde es una efectiva creación de la nueva fiscalía especializada o se limita con convertir la unidad especializada en Fiscalía.
Las modificaciones a la Ley Orgánica de la FGE derogan las disposiciones que se referían a la Unidad Especializada e incorporan las relativas a la nueva Fiscalía Especializada, en tanto que las reformar a la Ley de la materia se centran en cambiar del texto en 33 ocasiones la denominación “unidad especializada” por “fiscalía especializada”.
Si el presupuesto de la FGE no se modifica y se establecen 4 millones 696 mil 305 pesos para la nueva fiscalía especializada, resulta relevante conocer si esa cantidad asignada representa un presupuesto mayor que el que tuvo la unidad especializada el año pasado para saber si efectivamente se le da mayor prioridad a la atención de las desapariciones forzadas.
En la exposición de motivos de la reforma que crea la Fiscalía especializada en desapariciones se asegura que “permitirá fortalecer la capacidad de investigación y persecución penal en los delitos de desaparición, garantizando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas”.
Fortalecer necesariamente remite a que se va a ampliar la capacidad física, material y de personal que su área similar tenía antes de convertirse en Fiscalía especializada, lo que respondería a la demanda de los colectivos y madres buscadoras de mejorar las condiciones de búsqueda y un reconocimiento a deficiencias en la forma en que se ha trabajado.
Una demanda que colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros no sólo han exigido desde hace ocho años, sino que durante ese periodo han demostrado los resultados que se pueden obtener con voluntad en el trabajo de búsqueda que han tenido que realizar prácticamente sin apoyo gubernamental.
Por eso la creación de la Fiscalía Especializada pone a prueba la voluntad real para atender el tema y la condición presupuestal en la que se da requiere demostraciones de esa intención que van más allá de lo material: ¿tomarán en cuenta las propuestas de colectivos como Voz y Dignidad por los Nuestros para convocar a personas que ya han demostrado compromiso con búsqueda de personas desaparecidas?
