Fernanda Durán
A partir de este 20 de febrero entraron en vigor tres decretos aprobados por el Congreso del Estado que autorizan la desincorporación y subasta pública de un total de 80 vehículos pertenecientes a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, los cuales según la argumentación de la dependencia dejaron de ser útiles para la prestación de funciones institucionales.
Las autorizaciones corresponden a los decretos 0463, 0464 y 0465, mediante los cuales se avaló la baja patrimonial de 43, 31 y seis unidades, respectivamente, que formaban parte del parque vehicular estatal y que, de acuerdo con los dictámenes, presentan desgaste, deterioro mecánico o han concluido su vida útil.
Entre los bienes desincorporados se encuentran ambulancias, camionetas pick up, vehículos sedán, unidades utilitarias y una motocicleta, cuyos modelos datan principalmente entre las décadas de 1990 y 2010. Dichas unidades fueron utilizadas en actividades operativas, traslados médicos, supervisión sanitaria y servicios generales.
Con la entrada en vigor de los decretos, los vehículos quedan formalmente fuera del servicio público y podrán ser vendidos mediante subasta pública, procedimiento mediante el cual el Gobierno del Estado buscará recuperar parte de su valor económico.
El documento establece que ninguna unidad podrá venderse por debajo del precio fijado en los avalúos oficiales elaborados por peritos autorizados, y que el proceso deberá realizarse bajo supervisión del Órgano Interno de Control, con el fin de garantizar transparencia en la enajenación de los bienes.
Asimismo, los Servicios de Salud deberán notificar al Congreso del Estado el desarrollo de las subastas, incluyendo fechas y condiciones, además de emitir convocatorias públicas para permitir la participación de posibles compradores.
Los decretos también establecen que los recursos obtenidos mediante la subasta deberán destinarse a atender necesidades de los Servicios de Salud, conforme a la normatividad aplicable.
Además, fijan un plazo máximo de 180 días hábiles para concretar las subastas, periodo durante el cual las unidades permanecerán bajo resguardo institucional hasta su enajenación definitiva.
La desincorporación fue autorizada debido a que las unidades dejaron de ser útiles para el servicio público, por lo que resultó procedente su baja del inventario estatal y su enajenación mediante subasta pública.
