Por Victoriano Martínez
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ha logrado vivir un tiempo extra de 250 días hasta este 23 de febrero cuando por fin se dictaminó en comisiones la reforma constitucional local que habrá de iniciar el proceso de extinción de ese órgano autónomo.
De acuerdo con el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2025, la CEGAIP debió quedar extinta desde el pasado 18 de junio.
La negligencia del Congreso del Estado la ha mantenido viva por ocho meses adicionales, más lo que se acumule –que podría ser un mínimo de cuatro meses más– en tanto completen el proceso de armonización total de la legislación local en materia de transparencia con la legislación federal.
Desde el 20 de diciembre del 2024 los diputados, como cualquier persona, pudieron conocer los términos en los que se aprobó le reforma constitucional federal que estableció los términos de la desaparición del INAI como órgano garante de transparencia nacional. Es decir, desde entonces pudieron trabajar la iniciativa de reforma constitucional local.
Cuando el 20 de marzo del año pasado se publicó la nueva Ley General de Transparencia, los legisladores del Congreso del Estado ya tenían el panorama completo de la legislación federal en la materia como para que pudieran elaborar la iniciativa de Ley de Transparencia estatal para poder lograr su aprobación dentro del plazo: 18 de junio de 2025.
Cuando el 18 de marzo de 2025 la diputada Sara Rocha Medina presentó su iniciativa de reforma constitucional en la materia (página 18), con todo y sus deficiencias, representaba una propuesta oportuna que pudo detonar el proceso que permitiera que se cumpliera dentro del plazo la armonización total de la legislación en transparencia.
Para cuando el diputado Carlos Arreola Mallol reaccionó con su oportunista propuesta (página 51) que contemplaba la réplica estatal de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y Transparencia para el Pueblo, ya habían pasado nueve días de vencido el plazo para que todo el proceso estuviera concluido.
La diputada Diana Ruelas Gaitán, a pesar de ser la presidenta de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado, resultó la más despistada: presentó su iniciativa 23 días después de vencido el plazo y, para colmo, después declaró que esperaban lineamientos federales sobre la extinción de la CEGAIP.
La aprobación, este lunes, del dictamen de la reforma constitucional que extingue a la CEGAIP por parte de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Transparencia y Gobernación se da a 281 días de la primera iniciativa, la de Rocha Medina, y a 227 días de la tercera, la de Ruelas Gaitán, y –a pesar de tantos días transcurridos– no hay iniciativas para las leyes secundarias.
Proceden como si este fuera el mes de febrero del año pasado, cuando llevan 250 días de retraso que, otra vez la negligencia, ampliarán por decreto ese incumplimiento 120 días naturales más a través del artículo segundo transitorio del dictamen aprobado este lunes.
Si hoy se aprobara esa reforma constitucional por el pleno del Congreso del Estado, tendrá que esperar a la aprobación de la mitad más uno de los Ayuntamientos y a ser declarada su validez para ser publicado en el Periódico Oficial del Estado. El tiempo que tarde ese proceso se suma a los 120 días que se ampliará el atraso.
Un periodo que llevará la extinción de la CEGAIP más allá del 30 de junio, cuando termina el periodo de la comisionada Ana Cristina García Nales, de quien no se nombrará sustituto como no se hizo hace un año con el caso de Alfredo Solís. O sea, para cuando se extinga la CEGAIP ya sólo tendrá un solo comisionado: José Gerardo Navarro Alviso.
Aún no existen iniciativas para las nuevas leyes de Transparencia y de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
Lo que tarden en ser presentadas y con lo que se han tardado en dictaminar la armonización constitucional, quienes queden en la CEGAIP –ese fantasma que a nadie le sirve– quizá puedan hacer planes para agotar el presupuesto que este año se les asignó por 25 millones 60 mil 259 pesos.
