Por Victoriano Martínez
Con la aprobación por parte del pleno del Congreso del Estado de la reforma constitucional en materia de transparencia, el proceso de desaparición de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entró en una cuenta regresiva que se prolongará lo que tarden la mayoría de los 59 Cabildos en aprobarla, más lo que en su pachorra legislativa los diputados estén dispuestos a violar el plazo autoimpuesto de 120 días naturales para concluir el proceso.
Tan grande es el retraso en el cumplimiento de la obligación de armonizar las normas locales con las federales en la materia que, a 251 días de haber incumplido el artículo cuarto transitorio de la reforma constitucional federal en materia de simplificación orgánica, no tienen empacho en fijarse 120 días para, en sentido estricto, prolongar su incumplimiento.
Una ampliación de su periodo de incumplimiento que, además de exhibir el poco respeto a los plazos legales, deja expuesto el nivel de desconocimiento por parte de los diputados sobre el tema, su poca atención sobre el contenido del dictamen y lo hueco de sus discursos tanto a favor como en contra.
“No elimina ni restringe ningún derecho”, dijo el diputado Carlos Arreola Mallol al presentar en Tribuna el dictamen, como si fuera algo que no hubiera quedado claro en la operación que inició desde mayo de 2025 la instancia federal denominada “Transparencia para el Pueblo” (TPP), cuya plataforma digital permite consultar de manera más simple las resoluciones a las inconformidades en los solicitantes.
Transparencia para el Pueblo mantiene en operación la Plataforma Nacional de Transparencia que no ha dejado de ser el instrumento que mantiene vigente la posibilidad de requerir información a cada ente obligado, que para el caso de Estado de San Luis Potosí son 254.
“¿Ante quién van a recurrir quien quiere saber dónde y cómo se está gastando cada peso del recurso público?”, preguntó en Tribuna el diputado Rubén Guajardo Barrera tras haber asegurado que “teníamos un organismo autónomo que transparentaba todo el recurso público”.
Guajardo Barrera confunde al organismo garante con los entes públicos que son los obligados a responder solicitudes de información, lo que no cambia. El diputado es candidato a incurrir en el error de solicitar a la CEGAIP o el organismo que la sustituya la información de cualquier ente público y ante una respuesta de incompetencia reclamar sin razón que la transparencia no sirve.
Con su pregunta sobre ante quién se va a recurrir para saber dónde y cómo se está gastando cada peso del recurso público exhibe que ignora la existencia de las Plataformas Nacional y Estatal de Transparencia que son el primer espacio al que se recurre para consultar la información que se difunde de oficio, entre la que se encuentran los ingresos y egresos.
Por cierto, es tan evidente que ignora la existencia de esa obligación, que su partido, el PAN, no ha publicado sus ingresos desde el mes de agosto y sus egresos desde el mes de octubre. En este mes de enero sólo ha cumplido 23 de las 107 obligaciones que le marca la ley (consulta realizada a las 0:00 horas del 25 de febrero de 2025).
“La transparencia no puede depender de voluntades, debe descansar en reglas claras, controles efectivos y órganos con capacidad real de revisión”, fue la recomendación del diputado Marco Antonio Gama Basarte al intervenir a favor del dictamen, lo que lo compromete a vigilar que en la legislación secundaria quede garantizado en esos términos.
Por ejemplo, cuidar que no se atente contra el principio constitucional de progresividad y se protejan las 363 obligaciones de transparencia que hoy existen en la ley local y no se vaya a aprovechar de manera perversa de la “armonización” para reducirlas a las 254 obligaciones que tiene la Ley General.
Una diferencia en las obligaciones de transparencia que obliga a los diputados a garantizar la continuidad de la Plataforma Estatal de Transparencia que, entre la negligencia de los comisionados de la CEGAIP, es de lo poco rescatable y que se debe fortalecer para que resulte más efectivo su potencial como instrumento de difusión de información pública.
En una intervención cargada de lugares comunes, la diputada Diana Ruelas Gaitán, presidenta de la Comisión de Transparencia, se limitó a señalar que se buscó la armonización y “un mecanismo para reducir gastos”.
Un aspecto verificable una vez que se concrete la extinción de la CEGAIP. En el caso de la desaparición del INAI y la entrada en operación de Transparencia para el Pueblo se reportó un ahorro en el gasto del 52 por ciento.
“Se crean los garantes en cada poder y los organismos independientes para que en total tengamos 10 organismos garantes que serán dedicados al proceso de transparentación (sic) en función de la CEGAIP”, declaró el diputado Héctor Serrano Cortés en una exhibición de que, o no le alcanzó para leer completo el dictamen o sólo ese fue el dato que le pasaron sus asesores.
Si hubiera leído completo el dictamen se habría percatado de que es muy distinta “la creación de autoridades garantes” que se menciona en la exposición de motivos y la determinación de que “esta tutela será atribución de sus órganos internos”, como quedó establecido en el último párrafo del artículo 17 constitucional. Es decir, para esos casos, no hay creación de órganos, sólo ampliación de atribuciones para los ya existentes.
Por cierto, tampoco hay mucha diferencia entre una CEGAIP que adoptó el carácter de un “órgano de control externo” al servicio de la opacidad de los entes públicos con un “órgano de control interno” que suele operar al servicio del encubrimiento y la impunidad en los entes públicos.
La cuenta regresiva para la desaparición de la CEGAIP abre el plazo para la presentación de las iniciativas de leyes secundarias en las que el verdadero riesgo para un retroceso en materia de transparencia lo representan los propios diputados que, con su votación de este martes, exhibieron su falta de compromiso para atender con responsabilidad el tema.
