Texto y fotografías de Fernanda Durán
Mientras afuera del recinto jóvenes del Frente Nacional por las 40 horas, capítulo San Luis Potosí, se manifestaban contra lo que llamaron una reforma “tramposa” y “con letras chiquitas”, al interior del Congreso del Estado, el pleno prolongó por cerca de una hora el debate antes de aprobar la minuta con 25 votos a favor, con lo que —según se expuso en el contexto del propio debate— San Luis Potosí se colocó como el tercer estado en avalarla.
La reforma aprobada mantiene en el texto la regla de descanso ya existente: por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar de al menos un día de descanso con goce de salario íntegro, punto que se convirtió en uno de los ejes del choque político, por la exigencia de que se reconozcan dos días de descanso.
El dictamen también fija parámetros para las horas extraordinarias: se pagarán con 100 por ciento adicional y no podrán exceder 12 horas a la semana, distribuibles hasta cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días. Si se rebasa el límite, el empleador deberá pagar 200 por ciento adicional. Además, se prohíbe que menores de 18 años trabajen tiempo extraordinario.
En el régimen transitorio se establece una implementación gradual: durante 2026 se mantendrían 48 horas; en 2027 bajaría a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42; y hasta 2030 se alcanzaría la jornada de 40 horas, sin disminución de sueldos, salarios o prestaciones, según el dictamen.
Integrantes del Frente Nacional por las 40 horas, capítulo San Luis Potosí, manifestaron su rechazo a la reforma al considerar que, pese a reducir la jornada semanal, incorpora disposiciones que perjudican a la clase trabajadora, como el aumento del límite de horas extra de 9 a 12 semanales, el cambio en su esquema de pago y la implementación gradual hasta 2030.
También señalaron que no garantiza dos días de descanso y advirtieron que las modificaciones a definiciones como la de patrón y jornada laboral podrían abrir vacíos que faciliten abusos laborales, además de acusar que no fueron escuchados durante el proceso.
En la discusión del pleno, el diputado de Morena, Carlos Arreola Mallol, defendió el dictamen con un enfoque de bienestar y productividad, al sostener que “el trabajo dignifica sí, pero la dignidad exige equilibrio y justicia social” y que esta reforma “no es contra el sector productivo, ni contra la inversión”, sino “una apuesta por un modelo de desarrollo más humanista, más competitivo y además sostenible”, pues “un país con trabajadoras y trabajadores menos agotados es un país más productivo, más innovador y socialmente estable”.
En otra intervención, el diputado Crisógono Pérez López respaldó la reforma bajo el argumento de salud y seguridad laboral y defendió la gradualidad hasta 2030 para permitir ajustes en las empresas.
En su posicionamiento señaló que “trabajar no debe significar sacrificar la vida personal, la convivencia familiar o la salud física y emocional”, además de que “reducir horas no significa reducir derechos”, al subrayar que se protege el salario y se establecen límites a las horas extra.
También intervino el diputado José Roberto García, quien calificó la reforma como una decisión “estructural” y ubicó el cambio en la lógica de salud y vida familiar. En su discurso afirmó que México está entre los países con más horas trabajadas al año, pero “trabajar más horas no ha significado vivir mejor”, por lo que llamó a no sostener el crecimiento “sobre el agotamiento de nuestra gente”.
Además, atribuyó la reforma a la ruta del Gobierno Federal y defendió la gradualidad como un mecanismo para que los sectores productivos se adapten.
Por su parte, la diputada Nancy Janín García, de Morena, celebró la reforma como un “triunfo histórico” pero centró su intervención en una crítica política a la oposición, al afirmar que es “imperativo no caer en la hipocresía del discurso de la derecha” y que “la reducción de la jornada laboral es un acto de justicia frente a décadas de explotación”.
Al mismo tiempo, reconoció que “la clase trabajadora merece más de un día de descanso”, aunque planteó que la lucha no termina con esta reforma.
En representación de Morena, el diputado Emilio Rosas sostuvo que “la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cumplió” con la reducción de la jornada y defendió el dictamen con cifras, al señalar que México es el país de la OCDE con más horas trabajadas al año y que la reforma implica una reducción semanal de 48 a 40 horas.
También defendió que el proceso fue “un diálogo tripartito” con empleadores, empleados y autoridades, y con la gradualidad se llegará a 2030.
Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Marco Antonio Gama confirmó que su bancada votaría a favor porque “por primera vez, se establece en la Constitución la jornada laboral de 40 horas semanales”, pero “esta reforma, tal como está planteada, no cumple plenamente con las demandas” porque “un solo día de descanso no es suficiente” y porque mantiene “seis días laborales”.
Advirtió un posible retroceso en el esquema de pago de horas extra al señalar que “actualmente se paga el doble y a partir de la décima el triple. Con esta reforma, el pago triple se aplicaría hasta después de la hora 12”, lo que podría afectar el ingreso de las y los trabajadores al ampliar el margen de horas extraordinarias con menor compensación.
En el mismo bloque opositor, el diputado del PAN, Rubén Guajardo Barrera, expresó que su partido está “a favor de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales”, pero acusó que Morena promueve una reducción “con letras chiquitas” porque “mantiene seis días laborales, solo garantiza un día”, y porque “están ampliando el tope de horas extras de 9 a 12 por semana”, por lo que reiteró la consigna de “40 horas con dos días de descanso real”.
Desde el PRI, la diputada Sara Rocha Medina adelantó que su bancada votaría a favor, pero reprochó que la reforma no entre en vigor de inmediato:
“No podemos decirle a la población trabajadora que nos espere hasta el 2030 denmelos de vida”, dijo al insistir en que se debe garantizar “de manera expresa” el descanso de dos días para recomponer el tejido social y aliviar el desgaste laboral.
En otra intervención priista, la diputada Frinné Azuara Yarzábal cuestionó que el texto conserve la fórmula de seis días de trabajo por un día de descanso, pues “estamos perdiendo la oportunidad de un cambio profundo”.
También cuestionó “¿por qué hasta 2030?”, además de alertar —desde su lectura política— que no se repita un escenario en el que reformas aprobadas no se materialicen plenamente.
A la par de la discusión, la vocería del Frente Nacional por las 40 horas explicó en entrevista que acudieron al Congreso porque se aprobaría una “mal llamada reforma” con la que no están de acuerdo, ya que nunca se les escuchó, por ello la consideran “tramposa y traicionera” debido a que reduce el pago real de horas extra, amplía el tope semanal y cambia definiciones que podrían abrir vacíos legales.
“No estamos conformes con la gradualidad”, remarcó, por lo que buscan que la aprobación tenga “un coste político”, además de explorar acciones legales como amparos y rutas de derechos humanos.
