Fernanda Durán
A veinte días del primer acercamiento formal entre el Congreso del Estado y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, reconoció que hasta ahora no existe acuerdo para que el organismo electoral asuma la realización de las consultas obligatorias ordenadas por autoridades jurisdiccionales.
El legislador confirmó que las negociaciones no han prosperado en los términos planteados inicialmente por el Poder Legislativo.
“Hemos hablado con el Ceepac. La verdad es que no hubo un acuerdo en el acompañamiento de realizar las consultas, esa es la realidad”.
Desde hace semanas, el Congreso había planteado que el Ceepac organizara estos ejercicios, particularmente los relacionados con derechos político-electorales de comunidades indígenas y personas con discapacidad, como una alternativa para reducir costos y garantizar su validez jurídica. Sin embargo, el propio Serrano admitió que el organismo no ha confirmado su participación en esas condiciones.
Ante este escenario, el presidente de la Jucopo señaló que buscará retomar el diálogo directamente con la presidencia del Consejo General para definir si el órgano electoral finalmente colaborará en el proceso.
“Tendremos una reunión que voy a proyectar el día de hoy. Hablaré con la presidenta para saber si en definitiva el Ceepac (…) sería un garante para realizar una consulta exitosa”.
El diputado insistió en que, desde su perspectiva, el organismo electoral sería la instancia más adecuada para conducir estos ejercicios, al tratarse de procesos vinculados con la participación ciudadana.
No obstante, advirtió que el Congreso deberá cumplir la sentencia constitucional aun si no logra concretar ese acompañamiento institucional.
“Si no es así, el compromiso con la Corte para solventar ese tema es pedir el recurso y aplicarlo. O el propio Congreso tiene facultades para designar alguna posibilidad a través de una institución para que se realice la consulta”.
El plazo legal para concretar estos ejercicios es inminente, pues Serrano reconoció que el Poder Legislativo se encuentra contra el tiempo para cumplir con el mandato judicial, pues “tiene que desarrollarse antes de que concluya el mes”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó en enero de 2026 que el Congreso de San Luis Potosí sigue sin cumplir con la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022, relacionadas con la Ley Electoral del Estado.
El máximo tribunal informó que la resolución continúa en fase de cumplimiento, pues no se han realizado las consultas ordenadas a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y personas con discapacidad, a pesar de que los plazos establecidos ya fueron rebasados.
A estas resoluciones se suman otras consultas pendientes: la ordenada por el Tribunal Electoral del Estado sobre el cambio de sistema de partidos a usos y costumbres, la derivada de la acción de inconstitucionalidad 67/2023 en materia de educación inclusiva, y la consulta para emitir una nueva Ley de Movilidad, cuyo plazo legal también se encuentra vencido.
