Por Victoriano Martínez
Dos días después de que el Congreso del Estado aprobó la reforma constitucional que decreta su desaparición, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública presentó el que será su último informe anual, cuyo contenido refleja la inercia de una decadente burocracia que ejerce de la peor manera el servicio público.
Lejos de poder encontrar en su Informe Anual 2025 datos que, como organismo garante, la CEGAIP emprende acciones que demuestran su utilidad para hacer cada día más útil el derecho de acceso a la información pública y convencer –o en su defecto obligar– a los sujetos obligados a actuar con mayor transparencia, el documento exhibe los elementos de siempre que la colocan como simuladora y encubridora de la opacidad.
No es que los comisionados no hayan tenido la intención de presentar la selección de las actividades con los máximos resultados a favor de las mejores prácticas que los pudieran volver, si no indispensables, por lo menos difíciles de ser reemplazados como garantes de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.
Lo que pasa es que tales actividades no existen, especialmente porque se trata de acciones que atenderían a los intereses de la población y, por más que digan que trabajan para socializar el derecho que deben garantizar, sus hechos muestran su tendencia a favorecer a los sujetos obligados de la peor manera: como encubridores de la opacidad.
Algunos ejemplos.
Legendaria resulta la simulación en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia a través de la Plataforma Estatal de Transparencia con la incorporación de formatos sin información escudados en la aclaración de la leyenda “no se genera” y otros pretextos igualmente inválidos, sin que la CEGAIP tome medidas para evitarlo o sancione.
Los comisionados, ignorantes ingenuos o perversos cómplices, dejan pasar que ese “no se genera” lleva implícito el señalamiento de descalificación del trabajo realizado por ellos sobre las tablas de aplicabilidad que se supone son el resultado de consideraciones sobre la información que deben publicar porque su generación es parte de la actividad del sujeto obligado.
Aparte de que incumplir de esa manera las obligaciones de transparencia es una burla en contra de la CEGAIP, los comisionados, más cómplices que ignorantes ingenuos, omiten tomar las medidas de apremio que le ordena la Ley.
En el colmo de la simulación, en el informe que acaban de presentar al Congreso del Estado reportan (página 46) que en 2025 integraron 10 expedientes para (a futuro) aplicar medidas de apremio (uno de 2022, otro de 2023 y los ocho restantes de 2024)… ¡ninguno de 2025! Las omisiones en las obligaciones de transparencia son generalizadas: el encubrimiento cómplice también.
La intención de presentar el mejor panorama por parte de los comisionados José Gerardo Navarro Alviso y María Cristina García Nales los lleva al extremo de ver el vaso lleno en situaciones totalmente opuestas.
A propósito de las solicitudes de información atendidas por la propia CEGAIP, en el informe de 2024(página 37), reportó que recibió 387 solicitudes de información. “Esto representó un incremento del 11.2% respecto al año 2023, reflejando un mayor interés de la población en la rendición de cuentas”.
En el informe entregado ayer, la reducción de las solicitudes de información en un 62 por ciento a sólo 147 durante 2025, afirman, “refleja un incremento significativo en la capacidad de la población para identificar y localizar información de su interés directamente en las herramientas tecnológicas disponibles…reduciendo así la necesidad de recurrir al mecanismo formal de solicitud” (página 65).
Por cierto, la dificultad de encontrar información en la Plataforma provocó la presentación de 114 denuncias, según el propio informe de la CEGAIP, y la reacción de los comisionados es darle por su lado a los sujetos obligados: sólo una de cada seis fue declarada fundada (página 49).
¿Y por qué no considerar que esa caída en el número de solicitudes de información, a menos de la mitad del promedio de los ocho años anteriores, es el resultado de la pérdida de confianza en un organismo garante de la opacidad que, además, ese año lo paso en el pabellón de la extinción en calidad de fantasma gracias a la negligencia de los diputados?
El valor testimonial que tiene el que será el último informe de actividades de la CEGAIP es que plasma con mucha nitidez por qué no existe defensa posible para su supervivencia y deja ver muy claras las razones por las que, como escribió Alejandro Rubio, no la extrañaremos.
