Estela Ambriz Delgado
En relación a los pueblos y comunidades indígenas, la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal mantiene la representación del sector subordinada al sistema de partidos, lo que les obliga a operar bajos estructuras ajenas a sus usos y costumbres, y los coloca en riesgo de ser convertidos en instrumentos de los partidos, de acuerdo con el análisis de Juan Felipe Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM).
El activista consideró la propuesta como institucionalista y gradualista, además de que mantiene la subordinación de la representación indígena al sistema de partidos, lo que genera una tensión irresoluble entre la lealtad partidista y la agenda comunitaria. Al obligarles a operar bajo estructuras ajenas, se corre el riesgo de convertirlos en instrumentos de partidos nacionales en lugar de voceros de sus pueblos.
Apuntó que la participación indígena continúa como una concesión del sistema electoral ordinario, con un modelo que ignora que la verdadera representación debe nacer de la autonomía, no de la integración forzada en las agendas de los partidos.
Asimismo, Cisneros Sánchez señaló que, pese a la reforma del artículo 2 constitucional de 2024 en la que se reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, la propuesta electoral es incongruente al reducirlos a “beneficiarios de acciones afirmativas”, es decir, como individuos pertenecientes a un grupo y no como naciones preexistentes con derecho a incidir, a través de sus propias instituciones y sistemas normativos.
En este sentido, criticó la postura del director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) Adelfo Regino Montes sobre la reforma, pues se limita a la lógica de la representación parlamentaria libre, basado en el incremento numérico de legisladores indígenas, que fue de 13 en 2018 a 39 en 2024.
Puntualizó que el funcionario presenta estas cifras como una validación de la “autoadscripción calificada” y la gestión partidista, siendo que si bien esta presencia tiene valor simbólico, resulta insuficiente y potencialmente regresiva ante la exigencia de un Estado verdaderamente plurinacional.
“La declaración del INPI ignora el fracaso de la reforma de 2024 respecto a la protección territorial. La representación política sin el control del territorio, que es la base material de la autonomía, es un ejercicio vacío. ¿Qué valor tiene la representación en San Lázaro si, en el territorio, el Estado y el capital siguen imponiendo proyectos extractivos sin consentimiento previo, libre e informado?”, cuestionó.
El activista indicó que el INPI parece cómodo con la asimilación, es decir, integrar sujetos indígenas al Estado para “hacerlos parte”, en lugar de reconocer la pluralidad jurídica del México profundo.
Subrayó que al subordinar el pluralismo jurídico al sistema electoral ordinario, el Estado corre el peligro de “folclorizar” la participación indígena, utilizándola para legitimar una estructura que no reconoce su soberanía originaria.
“El ejercicio pleno de los derechos político-electorales exige que los pueblos, desde su propia lógica de organización interna, incidan en el Estado sin la imposición de ‘partidizarse’. La deuda estructural persistirá mientras la representación indígena sea una cuota otorgada por el sistema, y no un ejercicio soberano de autodeterminación”, concluyó.
